La policía detuvo ayer a siete personas y secuestró pruebas que supuestamente las vincularían con una serie de fraudes contra la Administración Provincial de Impuestos (API). Los arrestos se produjeron durante varios procedimientos realizados casi simultáneamente por las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) en Rosario y otras dos ciudades de la provincia. Entre los detenidos está el director de la delegación de la API en una de esas ciudades, un jefe de sección de la misma delegación y un gestor, a quienes se acusa de administración fraudulenta contra la administración pública y cohecho.
Cuatro de los imputados fueron detenidos en Rosario, dos en San Lorenzo y uno en Venado Tuerto. La identidad de estas personas permanece bajo reserva porque las pesquisas aún continúan y no se descartan nuevos procedimientos.
Además de los arrestos, los detectives de las TOE habrían reunido documentos que probarían las maniobras que les atribuyen en allanamientos realizados a las sedes de la API y también en las casas particulares de algunos de los imputados.
Las operaciones que les endilgan consisten en hacer figurar supuestos pagos de apremios realizados por morosos del organismo, sin el conocimiento y la autorización del ejecutor fiscal interviniente, a cambio de sumas de dinero inferiores a la deuda que jamás ingresan a las arcas del fisco.
"Si la deuda era de 20 mil pesos -ejemplificó una fuente- ellos pedían 2 mil pesos, hacían constar que había sido cancelado el monto total y se quedaban con el dinero". Sin embargo, este modo de operar tendría distintas variantes que los investigadores intentan descifrar.
Los detenidos cayeron bajo sospecha luego de una paciente tarea de inteligencia realizada por las TOE desde diciembre del año pasado, cuando el juez de Instrucción Carlos Alberto Triglia recibió una denuncia que da cuenta del supuesto fraude. Los procedimientos y arrestos ejecutados ayer se llevaron a cabo precisamente con órdenes de este magistrado, después de cinco meses de escuchas telefónicas.
Desde el primer momento los investigadores sospecharon que estas maniobras probablemente se hacen con la complicidad o la participación directa de funcionarios o empleados de la API. Aunque ayer no hubo comentarios oficiales sobre los procedimientos, parece evidente que la detención de seis agentes (entre ellos un alto funcionario y un jefe de sección), y de un gestor vinculado al organismo, tiende a confirmar aquella hipótesis.
Las maniobras de fraude detectadas por las pesquisas habrían sido facilitadas de alguna manera por la falta de controles internos del organismo y también por su sistema informático, que un investigador definió lisa y llanamente como muy obsoleto. "Se trata de equipamiento absolutamente vulnerable", describió la misma fuente.
Al menos por ahora los detectives se niegan a hablar de una sola red de presuntos estafadores y se inclinan por la hipótesis de que, precisamente por la ausencia de controles estrictos, podría haber muchos operadores del API involucrados en maniobras parecidas. Incluso no descartan que pueda haber más arrestos ya que tendrían a varios empleados bajo la lupa.
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El juez Carlos Triglia, a cargo de la causa del API. |  | Ampliar Foto |  | |
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La Ciudad
