Editorial

Delincuencia juvenil y antivalores

Un tema de investigación publicado días pasados en la sección policiales de este diario puso en evidencia que en el término de un mes se produjeron más de 600 delitos protagonizados por menores en el área de Rosario. Seis de esos ilícitos fueron homicidios. Y no fueron casuales. Cinco resultaron intencionales; apenas uno fue accidental. Al mismo tiempo, en el último turno judicial se abrieron 559 nuevos expedientes penales. En esas causas están consignados nada menos que 637 delitos. La magnitud se traduce en un 20% más de causas que en el mismo período de dos años atrás. No se trata de una estadística más. Es, en verdad, una realidad que asusta. Para apoderarse de una bicicleta o un par de zapatillas, un chico mata a otro chico. La vida, propia y ajena, no tiene importancia. Por eso es cada vez más elevado el número de delitos en el que los chicos implicados emplean armas de fuego. Evidentemente, resulta sumamente fácil hacerse de un revólver o una pistola. Y si se analiza el cada vez mayor porcentaje de reincidencia, se revelará el crítico punto a que ha llegado el grado de conflicto social.
Los adolescentes argentinos de entre 14 y 18 años ascienden, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, a 3.297.147. Los datos generales indican que el 71% estudia, el 26,1% trabaja y al 39,6% le gustaría conseguir un empleo pero no lo logra. Otro 12% no estudia ni trabaja. Además, el consumo de alcohol entre los adolescentes creció el 150% en los últimos dos años. También bajó la edad de inicio del consumo. Antes era a los 16 o 17 años. Ahora es entre los 12 y 13. Entre las razones que los llevan a incursionar en la droga y el alcohol sobresalen los conflictos familiares. Y la Argentina es, indudablemente, un país de conflictos profundos: 8.319.000 chicos son pobres y 4.138.000 de ellos indigentes. En un
país donde cada día nacen más de 700 nuevos pobres, el problema de los menores parece sin solución posible.
La Justicia de Menores, al menos en nuestro ámbito, está desbordada por el número de causas. La relación entre casos juzgados y los que quedan pendientes es de uno a diez. Y la situación se complica aún más si se considera que en muchas causas hay más de un menor involucrado. Está probado que la mayor parte de los chicos que delinquen provienen de sectores pobres y marginales puntuales. Más allá de la precariedad de herramientas por parte del sistema para poner freno a la conflictividad de los menores, el cambio social requerido deberá provenir de la sociedad misma. Debe surgir desde el testimonio de una vida digna y ética, que esté basada en valores que generen justicia. Alguna vez habrá que volver a empezar y poner remedio a las causas que provocan el delito.