La Justicia archivó la causa del supuesto pedido de coimas de un gestor del Concejo a empresarios de una estación de servicio por no encontrar elementos probatorios para seguir adelante con las actuaciones. El titular del juzgado de Instrucción Nº3, José María Caterina, firmó la resolución Nº370, fechada el 9 de mayo pasado, en la que decidió "reservar las actuaciones sin perjuicio de continuarlas si hubieran nuevos elementos probatorios". Esto implica que, por ahora, el expediente Nº159/03, caratulado "Denuncia de oficio del fiscal Nº2 por la publicación del diario La Capital" quedará en reserva.
La supuesta maniobra delictiva se conoció públicamente el 28 de febrero pasado a través de una nota publicada por este diario. "Si me pagás 10 mil dólares te arreglo todo en el Concejo", fue la frase que había usado un misterioso sujeto cuando se presentó en enero en la estación de servicio de diagonal Primera Junta (que conecta San Martín y Maipú) y 27 de Febrero. Así lo había asegurado una alta fuente de la empresa a La Capital después de que el escándalo estallara en el propio recinto del Palacio Vasallo.
Fue el concejal radical Federico Steiger quien llevó las sospechas al recinto. Aseguró que los titulares de la estación lo habían llamado a su celular para contarle el supuesto pedido de coima que habían recibido de un emisario del Concejo.
La revelación de Steiger causó revuelo en el recinto, más cuando el edil dijo estar convencido de que el hombre que lo llamó sería alguno de los dos propietarios de la estación de servicio, a quienes identificó como Artemio Dobkin y Alberto Kosinitky.
A la Justicia
Ambos titulares fueron llamados por la Justicia para prestar declaración testimonial, pero no precisaron datos acerca de la identidad del supuesto gestor.
Caterina también le tomó declaración testimonial a Steiger, quien ratificó en forma textual el llamado que recibió de los dueños del negocio ubicado en parque Yrigoyen. El supuesto pedido de soborno obedece a que la estación está ubicada en un terreno que le reclama el municipio al Organismo Nacional de Bienes del Estado (Onabe) para ampliar el espacio verde.
Como los titulares del negocio se negaron a dejar el lugar surgió un litigio, y el Onabe propuso canjearle a la Intendencia la lonja de terreno por uno más grande en el parque Scalabrini Ortiz. El trámite debía aprobarse en el Concejo, donde surgieron las versiones sobre la coima para agilizar la gestión.