El sábado a la tarde quedó detenido un chico de 15 años acusado de matar de un tiro a Juan Alberto Rueda, que tenía 16 y murió en el intento de evitar el robo de su bicicleta en barrio Ludueña (ver pie de página). El sábado a la noche otro chico, de 17 años, puso en fuga a los dos ladrones que intentaron asaltar un autoservicio de barrio Godoy (ver página 30). Para hacerlo utilizó una escopeta calibre 12.70 con la que disparó en tres oportunidades.
La familiaridad de menores con el uso de armas y el mayor protagonismo de adolescentes como agresores o víctimas en acciones delictivas, situaciones ilustradas en los ejemplos anteriores, se expresan en forma dramática en los tribunales rosarinos. La estadística del juzgado de menores que completó el último turno así lo refleja. En el período que va del 31 de marzo al 2 de mayo, es decir 33 días, ingresaron 559 expedientes penales. En esas causas hay consignados 637 delitos. La inmensa mayoría de los casos se produjeron en Rosario aunque la jurisdicción abarca también Casilda, Cañada de Gómez y San Lorenzo. La magnitud supone un 20 por ciento más de causas que en el mismo período de dos años atrás.
En el exiguo plazo de un mes que correspondió a la intervención del juzgado de Menores Nº 2, a cargo del juez Juan Leandro Artigas, hubo seis homicidios con menores de edad señalados como autores. De esos seis asesinatos cinco fueron dolosos, es decir, intencionales. Solamente un homicidio fue accidental o culposo. Se produjo el lunes 21 de abril cuando un nene de 13 años que había vuelto de cazar en la localidad de Luis Palacios disparó una escopeta sin intención matando en el acto a una nena de 11. En esos seis homicidios no se incluye el resonante crimen de Juan Rueda del miércoles pasado, ya que por cinco días su investigación corresponde a otro tribunal, el que ahora está en turno.
Una cuestión significativa es el alto número de delitos en el que los chicos acusados utilizaron armas de fuego. Durante el mes de abril hubo 81 robos -66 de los cuales se concretaron y 15 quedaron en intento- cometidos con revólveres o pistolas. Acciones como éstas que connotan un comportamiento de alta agresividad se verifican también en ocho casos de resistencia a la autoridad, que suponen a chicos lanzados contra la intervención policial. En un mes, además, se secuestraron doce armas de fuego que estaban en poder de menores. Y hubo cinco delitos de niños por abuso y portación de arma.
El incremento de modalidades de ilícitos con armas permite leer, para dos empleados judiciales consultados, una alta conflictividad social. "Supone algo muy grave el incremento de episodios de menores enfrentando a la policía. No estamos hablando de bandas armadas sino de chicos que cuando la policía va a actuar no la deja o la ataca. Y en el mes de abril hubo ocho casos. Igual de grave es que en un mes sean secuestradas 15 armas -12 revólveres y tres cuchillos- que estaban en poder de chicos. Que los menores anden armados debería ser una excepción, una rareza. Y esto marca que no lo es".
Estos guarismos son el emergente de una situación más compleja aún ya que la cifra negra del delito -los casos que quedan sin denunciar- es más alta que la que registra el sistema judicial.
Robos y hurtos
Otra cifra exasperada en relación a la conflictividad se advierte en los delitos contra la propiedad. Consideradas todas las modalidades de robo y hurto -incluso los intentos frustrados- hubo 439 hechos en abril pasado.
El fenómeno de desborde que supone para la Justicia de Menores semejante afluencia de causas se cristaliza en otro dato: mientras en abril pasado el tribunal en turno recibió 559 expedientes por delitos, en el mismo período dictó el alto número de 58 sentencias. Es decir que es enorme la diferencia entre la cantidad de casos que ingresan en relación a los que se resuelven.
La cifra resulta pavorosa si se tiene en cuenta la ausencia de herramientas del sistema jurídico para tutelar menores. Con un promedio de 500 causas penales por turno un juez, que interviene en cuatro turnos al año, tendría 2.000 menores para tutelar cada doce meses. "Lo que en realidad es mayor porque en muchas causas hay más de un menor involucrado en el ilícito. Y 2.000 es la cifra de un solo juzgado", indicaron las fuentes tribunalicias. Los juzgados de menores en Rosario son tres.
Hay otro ingrediente revelador de la incapacidad del sistema ante la conflictividad de menores: el alto nivel de reincidencia. "Se repiten no solamente los actores sino la procedencia. Los chicos que delinquen son abrumadoramente de sectores pobres y marginales bien puntuales. Y eso expresa el carácter social de la criminalidad juvenil. Lo que vemos en las cifras es el resultado del delito. Nunca aparece tan claro lo que lo provoca".
La Ciudad
