"La forma de protección de los menores en la provincia de Santa Fe es el castigo". La afirmación es de Gustavo Lorenzo, master en Sistema Penal y Problemas Sociales de la Universidad de Cataluña y abogado del Centro de Atención a la Víctima de la Defensoría del Pueblo. Lorenzo entiende que la conflictividad en adolescentes no bajará sin una política integral de largo plazo en la que el Estado brinde una red que proteja a los menores y sus familias, o sin que se creen instituciones hoy inexistentes para situaciones de desprotección, victimización o violación de la ley. "El menor tiene que tener las mismas garantías que un mayor y eso se viola. Los jueces no tienen recursos para proteger ni para tratar al menor. Sólo pueden confinarlo hacia un sistema puro de castigo".
-¿Por qué ocurre esto?
-Un menor de 16 que delinque no puede quedar imputado de delito porque es legalmente inimputable. Se debería simplemente protegerlo. Ahí es donde aparece el problema básico que es el de la incertidumbre de la pena. Hay una vieja ley de 1939, del Patronato de Menores, que decía que el juez debe buscar en lugares públicos o privados un lugar de contención. Lo que pasa es que el Estado da muy pocos lugares. Para castigo a menores en Rosario sólo tenemos un instituto (IRAR) y las comisarías. Un juez no tiene herramientas. Pero un artículo del Código Procesal de Menores dice que sea para proteger o castigar el juez puede internar a un menor donde considere conveniente. Por eso justifica que un menor de 15 años lo metan en una comisaría. Cuando es totalmente inimputable.
-¿Por qué dice que el menor tiene más incertidumbre de la pena que el mayor?
-En el dicho de que los menores entran por una puerta y salen por la otra hay verdad y mentira. Así como un menor puede salir a los dos meses por un robo a mano armada, también hay veces que por una falta queda detenido tres meses mientras que si es mayor se va en el día. Queda preso porque el juez para protegerlo lo deja en lugares de castigo, como penales policiales, ya que no tiene otros. Se violan garantías legales básicas como la previsibilidad del tiempo de detención. Para mayores el castigo es claro: tal delito tiene tal sanción. Pero eso no está claro para los menores. Un mayor sabe por ejemplo que por si tiene dos excarcelaciones no puede tener una tercera o que al cumplir la mitad de la condena tiene salida transitoria. Son garantías básicas. El menor ignora cuánto tiempo lo van a tener. Unicef critica a Argentina porque los menores no saben cuánto tiempo van a a estar detenidos. El Código Procesal de la provincia regula que debe haber defensores gratuitos. No hay. En Santa Fe a los jóvenes se los protege castigándolos. Incluso lugares como los hogares del padre Santidrián (Hoprome) están asimilados a lugares de detención por la convención de Beijing.
-¿Cómo es esto?
- Todos los lugares de protección de menores deben tener las mismas garantías que los lugares donde se los detiene. El lugar de protección es, por ejemplo, al que va un menor abandonado. El de detención es aquel al que va el que está en conflicto con la ley. Hay lugares privados que reciben fondos públicos que de beneficencia no tienen nada. Allí no tienen programa profesional de trabajo para esos chicos. Pasa que el Estado no tiene sustitutos. Me parece bien que existan lugares como los del padre Santidrián. Lo que me parece mal es que el Estado le asigne recursos con los que podría sostener lugares adecuados. Donde hubiera trabajadores sociales, psicólogos, médicos y pedagogos trabajando.
-¿Es legar que un juez decida que una comisaría es un lugar adecuado para proteger a un menor?
-Los jueces tienen una prerrogativa del Código que les permite internar a los menores para protegerlos donde lo consideren conveniente.
-¿Protegerlos en una comisaría?
-Un chico de 16 años termina en una comisaría porque no hay otro lugar para detenerlo. Si la primera herramienta del Estado para proteger a menores es la policía, seguramente el lugar donde más se va a hacer hincapié es el del encierro. Ni la Iglesia ni la policía están preparados para atender esas problemáticas. Si un chico está maltratado o en conflicto legal no basta el amor o la beneficencia: ese chico tiene que tener un tratamiento de profesionales.
-¿Cómo se puede controlar la conflictividad de menores?
-Con políticas sociales. La política pública en la provincia de Santa Fe para controlar la cuestión de los menores es designar más policía. Si en cambio se nombraran profesionales específicos sería distinto. Desde el sistema penal, creando más cárceles o generando más policía, no se soluciona ni reduce la delincuencia. Los chicos consiguen armas o drogas a raíz de la corrupción en instituciones del Estado y en eso hay responsabilidad de la policía y del poder político. Por eso el tema es intentar planificación de largo plazo, formas nuevas de pensar la seguridad y refuerzos sociales a familias que puedan dar contención a sus hijos en conflicto. Hay que ir a la raíz, no al efecto de los problemas.
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El abogado especialista en el tema, Gustavo Lorenzo. |  | Ampliar Foto |  | |
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La Ciudad
