La jueza entrerriana Susana Medina de Rizzo ordenó a los maestros de Paraná iniciar hoy las clases; al Estado, proveer todos los recursos que sean necesarios para ese fin, y a las empresas de transporte a trasladar gratuitamente a los docentes y luego facturar los costos al gobierno provincial. El fallo, conocido ayer, hizo lugar a una medida cautelar pedida en un recurso de amparo presentado por los defensores de Pobres y Menores Luis Franchini, Marcela Pierson, Pilar Mestres, Mario Franchi, Alicia Olalla, Graciela Gervasutti y Mario Gómez del Río.
La presentación se originó a partir de los reclamos de un grupo de estudiantes y padres del Colegio Domingo Faustino Sarmiento de Paraná, quienes inicialmente intentaron accionar por sí mismos para destrabar el conflicto docente, que hasta el momento viene impidiendo el dictado de clases en la provincia.
Sólo en Paraná
En el fallo, la jueza dispone que la Asociación Gremial del Magisterio (Agmer) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) "deberán cesar en la medida de fuerza que están llevando a cabo y comenzar el dictado de las clases el lunes 12 del corriente". La medida abarca únicamente a las escuelas del departamento Paraná, que es el ámbito en el que la jueza tiene jurisdicción para accionar.
Paralelamente, el dictamen ordena al gobierno provincial y al Consejo General de Educación (CGE) que dispongan de "todos los recursos que sean necesarios para la inmediata iniciación de las clases".
La parte más llamativa del fallo es la que establece que las empresas de transporte público de pasajeros de corta, media y larga distancia, deberán garantizar en forma gratuita el pasaje de los maestros para que puedan llegar a sus lugares de trabajo.
Para hacer uso de este beneficio, lo docentes deberán solicitar en el establecimiento en el que trabajan una certificación, donde consten sus datos personales y el lugar y horario en que se tienen que presentar para brindar sus servicios.
Este documento deberá ser presentado ante las empresas de transporte que utilizan habitualmente, la que quedará obligada a extender en forma mensual los pasajes requeridos.
La deuda que genere la utilización de los medios de transporte deberá ser afrontada por el estado entrerriano dentro de los cinco días de recibida la rendición correspondiente. Si vencido ese plazo la provincia no hace efectivo los pagos, las empresas podrán deducir los montos de los impuestos a tributar.
Cuando se difundieron los aspectos del controvertido fallo, el titular de la Asociación de Transporte Urbano de Pasajeros, Marcelo Lischet, y el presidente de la Asociación de Empresas de Transporte Automotor, Fernando Barzán, adelantaron que el caso será puesto a consideración de los asesores legales de ambas entidades cuando reciban la notificación judicial correspondiente.
En tanto, voceros de la Agmer, que prefirieron no pronunciarse en torno de los alcances de la decisión de la magistrada provincial, recordaron que el plenario de secretarios generales del gremio sesionará hoy en la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación, en la Capital Federal, donde fueron convocados los sindicalistas, junto con autoridades del gobierno entrerriano, para tratar de destrabar el conflicto docente a pedido de la ministra de Educación de la Nación, Graciela Giannettasio. (Télam)
La Ciudad
