Año CXXXVI
 Nº 49.825
Rosario,
domingo  27 de
abril de 2003
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El monto reclamado asciende a los 824 millones de pesos
Santa Fe no descarta la Justicia para cobrarle deudas a la Nación
El rojo creció en los últimos meses. El menú incluye ATN, coparticipación, acreencias históricas e IVA

Marcos Cicchirillo / La Capital

La Nación tiene en la columna del debe con la provincia de Santa Fe al rojo vivo: 824 millones de pesos por todo concepto. El menú de deudas está compuesto por distintos fondos comprometidos en los acuerdos fiscales firmados a lo largo de los últimos años, incluidos los considerados "históricos" como cuando Domingo Cavallo, durante su primera gestión en el Ministerio de Economía bajo la presidencia de Carlos Menem, aceptó compensar a los distritos provinciales por la rebaja de la alícuota del 3% en el IVA del 21% al 18%.
El gobierno provincial decidió avanzar en el armado de una estrategia judicial en la cual no se descarta llegar hasta la Corte Suprema de la Nación, en caso de continuar el pedaleo del gobierno nacional al pago de las cuentas pendientes. El equipo económico de Carlos Reutemann espera señales concretas -en otras palabras: plata fresca- y la culminación de las elecciones presidenciales para resolver su estrategia, pero ya empezó a pintarse la cara.
Desde el Ejecutivo santafesino reconocieron que hasta ahora, cuando la cuerda parecía romperse la Nación siempre abría la billetera. Pero en los últimos tiempos el goteo de fondos para cubrir las deudas atrasadas son cada vez menores y espaciados. "Recién esta semana llegó la mitad de la plata del 13% de fondos coparticipables correspondientes a diciembre pasado", ejemplificó el ministro de Hacienda provincial, Miguel Angel Asensio, en diálogo con La Capital .
Antes de iniciar la ofensiva judicial el gobierno provincial intentó mover algunas fichas en el Congreso. Los tres senadores nacionales santafesinos incluyeron dentro del paquete legislativo para el rescate de cuasimonedas la asignación de recursos del presupuesto 2003 para el pago de deudas atrasadas con aquellos distritos que no emitieron bonos provinciales, a modo de "compensación".
Pero el tratamiento de esta normativa quedó empantanada en el Congreso y el Ejecutivo nacional decidió aprobar el rescate de cuasimonedas vía decreto, dejando afuera los reclamos de aquellas provincias que no emitieron deuda. Por esta razón, desde el Ministerio de Hacienda se aceleró el armado de una fórmula judicial, a pesar de admitir que el camino a transitar se complica en materia de plazos.
Asensio volvió a la carga la semana pasada al presentar ante los legisladores provinciales un detallado resumen de cuenta de las deudas atrasadas de la Nación con Santa Fe, pocas horas después de que su par a nivel nacional, Roberto Lavagna, declaraba en su visita a Rosario que "la provincia no puede pedir un premio por hacer las cosas bien". En ese encuentro, el jefe de Hacienda les anticipó a los legisladores que de persistir la mora "la provincia tendrá que evaluar otra forma de actuar".
En respuesta a Lavagna, el titular de la cartera provincial remarcó que "tampoco deberán recibir premios las provincias que se endeudaron irresponsablemente, porque si no será un trato asimétrico con aquellos distritos, como Santa Fe, que hicieron esfuerzos reales por mantener las cuentas ordenadas".
El agigantamiento de los atrasados de la Nación con la provincia hizo llegar la cifra a los valores que se reciben por coparticipación en todo el año: 824 millones. Sin embargo, el Ejecutivo estableció un orden de prioridades entre acreencias "exigibles" y "no exigibles" en el corto plazo.
En el primer rubro se incluyen las erogaciones que debería haber desembolsado la Nación que suman 668,6 millones de pesos, mientras que por el segundo concepto la cifra alcanza los 155,5 millones de pesos. Aunque el objetivo a cobrar son 120 millones antes de que se vaya Duhalde.

El detalle
Dentro de las deudas "exigibles" se encuentran las incluidas en el marco del acta acuerdo del 10 de julio de 2002 sobre Programa de Financiamiento Ordenado (PFO) entre Santa Fe y el gobierno nacional, después de que este último adosara en el paquete de renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el encuadramiento financiero de las provincias.
Allí se estableció en un acta complementaria el reconocimiento de la Nación de deudas atrasadas con Santa Fe por 65,8 millones por diversos conceptos (reparación de la ruta nacional 178, erradicación de villas de emergencias, presos federales, etc.) y una compensación de la cuota de coparticipación del 13% por no haber transferido deudas a la Nación. Por este último punto, el monto asciende hoy a los 52,4 millones, ya que los giros dejaron de efectuarse desde diciembre, a excepción de la semana pasada cuando llegó sólo la mitad correspondiente a ese mes.
Dentro del mismo acuerdo se consensuó la conformación de una comisión para el reconocimientos de deudas y acreencias entre ambos Estados. Pero la Nación nunca designó a los funcionarios que debían sentarse a negociar. La provincia en su factura tiene por cobrar 142,5 millones en concepto de acreencias sectoriales por servicios, educación, salud y otros; reclamos por impuestos provinciales y servicios a ex empresas estatales (58,8 millones); y otros rubros relacionados con la coparticipación.
A esto debe sumarse los fondos no desembolsados en rubro Aportes del Tesoro Nacional (ATN) establecidos en el acuerdo bilateral del 3 de noviembre de 2001, que alcanzan los 14 millones de pesos.
También dentro del último acuerdo Santa Fe-Nación, en un acta complementaria, el gobierno de Eduardo Duhalde reconoció por escrito la vieja deuda por 322,7 millones de pesos correspondiente a la compensación del 3% del IVA que la provincia dejaba percibir cuando Cavallo decidió, para reactivar la economía, reducir el impuesto al consumo del 21% al 18%.
Como si fuera poco, la provincia le reclama al Estado nacional otros 155,5 millones de pesos caratulados hasta ahora como "no exigibles" (por ser de difícil comprobación): créditos de la Administración Provincial de Impuestos (API) adeudados por los ferrocarriles argentinos por 62,7 millones, así como otros 92,8 millones de pesos surgidos de un análisis producido por las "pérdidas generadas" por el incumplimiento del pago del 3% del IVA.
Reutemann endureció su posición después de que en varios encuentros se hablara de posibles planes de pago pero nunca efectivo contante y sonante.



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