"Es una posición caprichosa y política del gobierno. Seguramente terminaremos poniendo recursos de amparo en la Justicia", amenazó Miguel Sedoff, asesor legal de casi 200 colegios miembros de la Federación Santafesina de Institutos Educativos Privados (Fesaiep). De este modo se abrió otro capítulo en la disputa entre el Ministerio de Educación provincial y los colegios particulares, laicos y religiosos, que reciben subsidios del Estado. La cartera educativa dispuso topes en los montos de las cuotas que se cobran bajo amenaza de retirar las subvenciones o rebajarlas. Por lo pronto, ya son cientos los establecimientos que presentaron recursos administrativos en rechazo a esta normativa.
La semana pasada el ministro de Educación, Daniel Germano, mantuvo una nueva reunión con los miembros de las entidades que nuclean a todos los establecimientos privados de la provincia, laicos y religiosos, y se mantuvo en sus trece. "No hay marcha atrás", insistió el funcionario, aunque se admitió que la cartera podría "estudiar casos excepcionales".
Así, el diálogo quedó frenado y no son pocos los establecimientos que amenazan con recurrir a la Justicia para evitar rebajar las cuotas o que el gobierno les descuente los porcentajes de las ayudas económicas que actualmente les otorga.
El presidente de la Fesaiep, Rodolfo Enrique, fue más cauto: "No tengo mucho para anunciar, en realidad estamos en sesión permanente y pensando cuáles serán los pasos a seguir que todavía no definimos".
Mientras, el directivo de la Junta Arquidiocesana de Educación Católica (Jaec), Walter Van Meegroot, admitió que la discusión con el gobierno va por carriles paralelos. "El gobierno acepta ver casos específicos, pero queremos que se revise la normativa, porque alcanza a todos los establecimientos", aseguró Van Meegroot.
Pero Sedoff graficó el clima de la reunión mantenida con las autoridades ministeriales. "Fue un encuentro muy tenso, en el que no se pudo negociar nada más allá del compromiso de rever casos especiales o particulares", señaló.
Diez años congelados
Otro de los argumentos esgrimidos por los colegios es que las cuotas están congeladas desde hace diez años. "Las patronales han soportado importantes aumentos y además no se ha reducido la oferta educativa, por el contrario la nueva ley la amplió", justificó Sedoff. En la misma sintonía, cuestionó jurídicamente la normativa que el ministro Germano pretende aplicar. "No tiene fundamentos jurídicos y eso es lo vamos a objetar", aseveró.
A días de comenzar el ciclo lectivo la cartera educativa santafesina desempolvó una resolución que estipula que aquellos colegios privados que reciben el ciento por ciento de subsidios para abonar los salarios de sus maestros no pueden cobrar una cuota mayor a 38 pesos. Esta cifra aumenta en la medida que baja el porcentaje de subvención que reciben del Estado.
La polémica estalló a partir de que la gran mayoría de los establecimientos no cumple con esta normativa. Entonces, el director del Servicio Provincial de Enseñanza Privada, Vicente Serra, incluso destacó que la ley votada en 1969 instruye además que los colegios subvencionados no pueden cobrar cuotas, y en caso se hacerlo ésta debe ser voluntaria.
Rápidamente las autoridades de las entidades educativas privadas intentaron frenar esta disposición. Sin medias tintas advirtieron que la norma era "imposible" de poner en práctica, ya que iría en desmedro de la calidad educativa.
Así las cosas, la mayoría de los colegios privados, tanto laicos como católicos, ya interpusieron recursos revocatorios por vía administrativa. El trámite debe ser estudiado por las autoridades ministeriales y luego respondido. Si bien hay tiempos perentorios para que el recurso administrativo llegue a su fin, todo indica que pasarán varios meses antes de que haya un dictamen oficial.
La Ciudad
