Las entidades nacionales del campo manifestaron ayer su estupor y repudio por el rechazo gubernamental a los reclamos fiscales y financieros del sector, incluido el ajuste por inflación del impuesto a las ganancias, y anunciaron que interrumpen el diálogo con las autoridades y se mantienen en estado de sesión permanente. A partir del lunes, las entidades anunciaron que comenzarán a discutir las medidas que adoptarán para llevar adelante sus reclamos.
"No apoyamos esta política económica que da la espalda a la producción y menos aún su continuidad. Hace una semana el presidente Eduardo Duhalde comprometió su palabra de solucionar los principales problemas de la producción. El plazo se cumplió, pero no el compromiso", señala la declaración distribuida en la conferencia de prensa ofrecida ayer por los presidentes de las cuatro entidades (CRA, Coninagro, FAA y la Rural) en la sede de la Federación Agraria Argentina (FAA).
La presentación de los dirigentes siguió al anuncio realizado por el presidente Eduardo Duhalde de que el gobierno "no modificará" la política impositiva para el sector agropecuario, tal como reclamaban los productores, asegurando que "no habrá postergaciones" en el pago del impuesto a las ganancias.
"Lo que definió el gabinete no se va a modificar", indicó el presidente al ser consultado sobre el reclamo del agro en un encuentro con la prensa en la Casa de Gobierno.
Argentina es "uno de los países que paga menos impuesto a las ganancias", por lo que "no podemos avanzar en beneficios a un sector", indicó el jefe del Estado.
En contrapartida los agropecuarios anunciaron que incrementarán los pedidos de amparo judicial "contra los impuestos confiscatorios" y que a partir de la próxima semana harán manifestaciones simultáneas ante las filiales de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y del Banco de la Nación en varias ciudades del interior del país.
El "no" de Lavagna
Los representantes de las cuatro entidades del campo se habían reunido ayer por la mañana con el ministro de la Producción, Aníbal Fernández, y con el secretario de Agricultura, Haroldo Lebed, para acordar la modificación del esquema tributario y de refinanciación de pasivos agropecuarios.
Ambos funcionarios se manifestaron públicamente a favor de las demandas del campo y se comprometieron a exponer la posición en la reunión del gabinete nacional que se realizaría poco después.
Pero en el encuentro ministerial, el titular del Palacio de Hacienda, Roberto Lavagna, manifestó su total oposición a contemplar el pedido de los productores y el acuerdo se disipó.
Como resultado de esta decisión, avalada por Duhalde, se suspendió el encuentro que a la tarde iba a mantener el jefe del Estado con los titulares de las entidades agropecuarias.
Enojados
Durante el encuentro con la prensa, el presidente de la FAA, Eduardo Buzzi, dijo que "no vamos a tolerar más embargos ni aceptaremos más remates hipotecarios".
Por su parte, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Manuel Cabanellas, indicó que "cortamos el diálogo con el gobierno nacional por la dignidad de los productores y de los argentinos y porque no podemos tener un presidente que promete una cosa y a la semana dice otra".
Con relación a la negativa al reclamo del agro planteada por el ministro Lavagna, Cabanellas indicó que "para el campo el ministro de Economía quedó marcado y en el campo las marcas son a fuego; no se borran ni se olvidan".
A su vez el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luciano Miguens, expresó el "asombro del campo por la negativa a atender justas demandas" cuya racionalidad había sido reconocida "por parte del gobierno nacional y por el Consejo Federal Agropecuario".
Miguens recordó que "el campo fue el motor de la recuperación que le permitió al país salir de la peor crisis económica de su historia y ahora, con el argumento de que al campo le va bien, es víctima de una voracidad fiscal confiscatoria".
A las expresiones de "asombro y desconcierto" el presidente de Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Mario Raiteri, agregó que "el campo no busca privilegios sino pagar los impuestos que correspondan, en términos que terminen frenando la producción".
En la declaración, las entidades repudiaron "la actitud del gobierno de desconocer los legítimos reclamos fiscales y financieros del campo" y anunciaron "la interrupción del diálogo con las actuales autoridades hasta tanto asuma la nueva administración".
Los dirigentes recordaron que "durante meses reclamamos una actitud sensata, de aliento a la producción, porque demostramos ser el sector que dinamizó la economía y exhibió los más rápidos índices de recuperación en esta crisis sin precedentes".
Además denunciaron "los cambios de reglas de juego en la economía en plena campaña agrícola; nos dolarizaron los insumos arbitrariamente; discriminaron al sector con un alícuota diferencial en el IVA, agravado por una absurda modificación de su régimen de retenciones, nos confiscan el capital sin permitir la aplicación de un ajuste en el impuesto a las ganancias y no respetan los derechos adquiridos en la refinanciación del Banco Nación".
Aludiendo a los planes sociales la declaración indica que "con lo que aporta el campo sólo por retenciones, 6.400 millones de pesos anuales, no puede haber hambre en la Argentina".
Por último, las entidades reclamaron "un compromiso similar de los candidatos a presidente en las próximas elecciones, para que hagan público que la producción y el desarrollo son una prioridad en la política de Estado", y se declararon en "estado de sesión permanente".
La Ciudad
