Año CXXXVI
 Nº 49.813
Rosario,
martes  15 de
abril de 2003
Min 14
Máx 23
 
La Ciudad
La Región
Política
Economía
Opinión
El País
Sociedad
El Mundo
Policiales
Escenario
Ovación
Suplementos
Servicios
Archivo
La Empresa
Portada


Desarrollado por Soluciones Punto Com






La Intendencia y la provincia compartirán los costos de una demanda
El gobierno santafesino podía no hacerlo porque lo ampara la emergencia económica. Temen avalancha de casos

Isolda Baraldi / La Capital

La caída de la emergencia económica en Rosario comenzó a mostrar sus consecuencias. Un acreedor particular se presentó la semana pasada para exigir el pago total de una indemnización que en principio debían compartir la Intendencia y la provincia. Pero como en Santa Fe rige la emergencia económica, el abogado patrocinante cargó contra el municipio para que se hiciera cargo de la totalidad de la deuda, que supera los 130 mil pesos. Después de ingentes gestiones la Dirección de Asuntos Jurídicos consiguió que la provincia acceda a abonar el 50 por ciento que le corresponde, más allá de que podría haberlo diferido gracias a la emergencia. Si bien en este caso puntual el municipio logró no hacerse cargo de la totalidad de la sentencia judicial, es probable que se presenten situaciones similares y que incluso propongan embargar las arcas rosarinas.
En pocos días más el director de Asuntos Jurídicos, Aldo Gómez, firmará un convenio de pago por un juicio que un particular le inició en 1995. Si bien la sentencia se produjo el año pasado, la no prórroga de la emergencia económica apuró a la demanda a exigir que el municipio se haga cargo de la deuda, que asciende a los 134.438 pesos.
El juicio lo realizó la familia de un joven que perdió la vida en un accidente automovilístico en la avenida Circunvalación en 1995.
Los familiares del muchacho iniciaron un juicio en contra de la provincia y el municipio, y el año pasado hubo sentencia firme a favor de los demandantes. A partir de que la Municipalidad perdió el paraguas de la emergencia económica, el abogado patrocinante le exigió la totalidad del pago, habida cuenta de que provincia sí cuenta con este recurso.
"Hemos arreglado con la provincia que efectivamente se haga cargo del 50 por ciento del monto total", indicó Gómez. A renglón seguido explicó que en los próximos días se firmará un convenio de pago para abonar en cuotas los casi 70 mil pesos que le corresponde, aunque no precisó de qué modo lo hará la provincia.
Gómez indicó que al menos 60 sentencias en contra del municipio se efectivizaron el año pasado. Algunas de ellas ya tienen convenios de pago diferidos, pero otras no.
"El monto estimativo que el municipio debería abonar es de once millones de pesos", explicó Gómez, aunque insistió con que la política municipal es la de negociar y reprogramar los pagos, para no desequilibrar las finanzas.
La ordenanza de emergencia económica, votada en enero de 2002, permitía a la gestión municipal diferir los pagos y no dar lugar a posibles embargos en su contra.
"Hasta ahora no hay embargo, y nos seguimos manteniendo con la reprogramación de los pagos", aseveró Gómez. Sin embargo, el secretario de Hacienda, Angel Sciara, aseguró que la exigencia de la demanda del particular los tomó de sorpresa. "Realmente no esperábamos este caso, que pone de manifiesto la asimetría entre tener una ordenanza de emergencia y no tenerla", se lamentó el funcionario.

Unica en el país
El 31 de marzo pasado venció la prórroga de la ordenanza de emergencia económica, que debía otorgar el Concejo Municipal. Si bien en la comisión de Gobierno el oficialismo logró que se votara la continuidad de la norma, en el recinto justicialistas y cavalleristas la rechazaron.
El intendente Hermes Binner cargó entonces en contra de los miembros del Palacio Vasallo, y disparó: "Rosario es la única ciudad del país que se queda sin emergencia". De este modo, el jefe comunal recordó además que el justicialismo mantiene la emergencia en la provincia desde hace trece años.
Además de las demandas de los particulares, el municipio perdió once juicios que le iniciaron empresas proveedoras, las que de aquí en más estarían en condiciones de exigir que se les abone.


Diario La Capital todos los derechos reservados