Reflexiones

A diez años de la ley de educación

Marcela Isaías / La Capital

Hace 10 años se sancionaba en la Argentina la ley federal de educación (24.195). Desde ese mismo momento -y desde antes también- comenzó un proceso de debate interminable sobre la reforma aprobada. Un decenio después, la discusión en torno a los alcances de esta ley es imperiosa porque, guste o no, con idas y vueltas, las reformas reales sólo ocurren en las aulas. En términos generales, las ley federal de educación dio una normativa general a todo el sistema educativo, y a la hora de acordar beneficios puede recordarse que es la que extendió la obligatoriedad de la enseñanza de 7 a 10 años.
Esta extensión de la obligatoriedad -permitir que más chicos "obligadamente estén en la escuela"- es uno de los puntos en los que difícilmente haya desacuerdos; en todo caso, se podría exigir que este tiempo se prolongue a más años de escolaridad obligatoria. Y aunque la frase "gracias a la ley ahora hay más chicos en el sistema" para muchos funcionarios de turno significó sólo eso: una frase impactante, corresponde señalar que encierra un valor en sí mismo. Es que, ante el alarmante crecimiento de la pobreza que ha sufrido nuestro país en los últimos años, si esos chicos no estuvieran en la escuela no estarían incluidos en ningún lugar.
Iniciados con una fuerte inyección de préstamos externos, los cambios en el sistema educativo se pusieron en marcha "con todo". Una directora de una escuela de Villa Gobernador Gálvez decía por mediados de los 90: "Por favor, no me manden más ceritas que se las comen las ratas". Gráfica como ninguna, la docente hablaba de dos situaciones que convivían en un mismo espacio: la llegada masiva de materiales y lo paupérrimo de la realidad en la que estaba situada su escuela.
Al revés, y luego de que los préstamos externos se terminaron, la Nación abandonó a las provincias a su suerte respecto de la ayuda y financiamiento necesarios para sostener el sistema educativo, y el pedido de materiales y útiles se hace sentir no sólo en el inicio de clases. No es casualidad, dicho sea de paso, que los ministros provinciales reunidos en el Consejo Federal de Educación discutan por estos días el borrador de un nuevo Pacto Federal poniendo el énfasis en el financiamiento para infraestructura, capacitación docente y equipamiento para seguir sosteniendo las escuelas (vale recordar que todas estas carencias son visibles en Santa Fe, la provincia mirada desde afuera como "rica", por lo que podrá deducirse entonces qué ocurre en las denominadas jurisdicciones "pobres").
La actual ministra de Educación de Ecuador, Rosa Maria Torres, ironizó en su momento una "Receta para la reforma educativa". Entre los numerosos ingredientes necesarios, la especialista mencionaba justamente "un paquete grande de préstamos y asesoría técnica internacionales, una lata de análisis económico en su tinta, dos kilos de reforma administrativa bien picada y media cucharadita de incremento salarial", entre otros. Sucede que entre tantos aspectos para analizar sobre la reforma educativa y los 10 años de la ley federal, el de la condición laboral de los docentes es una de las miradas donde vale la pena detenerse. Quizás porque es la más cabal muestra del lugar que han tenido en este proceso de la llamada "transformación educativa".
De la misma manera que puede asegurarse que "ahora hay más chicos en el sistema educativo", también puede decirse que todo se hizo a costa de los docentes. En diez años de reforma ningún gobierno reconoció su trabajo desde lo remunerativo, en todo caso sí hubo "una pizca de incremento salarial", con distintos nombres -incentivo, retribución por inicio de clases, plus por atender comedores, etc. etc.- pero ninguno a la altura necesaria para dejar en claro que el trabajo de educar en este país tiene valor, y ya que está reconocer lo que la propia ley federal dice al respecto: los docentes tienen derecho a "percibir una remuneración justa por sus tareas y capacitación" (Título VIII, capítulo III).
El deterioro educativo en la Argentina es evidente y alarmante en su crecimiento. No escapa a esta decadencia la preocupante formación de los maestros que se vienen, el atraso en concursos que hagan valer la carrera docente más por capacidad que por la antigüedad y, como decía recientemenente en un reportaje la investigadora argentina Emilia Ferreiro, la indispensable decisión de los educadores por asumirse de una vez por todas como profesionales (que saben lo que quieren, pueden y tienen que hacer en las aulas) o como burócratas de un sistema que manda instrucciones a seguir. Hoy la escuela está perdiendo su misión histórica, es asistencialista y contenedora de chicos. El lugar para que se generen aprendizajes ha sido y es cada vez más desplazado por otras funciones que el Estado no cubre, y los gobiernos alientan que los docentes se hagan cada vez más cargo de estas actividades. Lo paradójico es que nada de esto está escrito en la ley federal que rige el sistema educativo y que cumple 10 años de aplicación en la Argentina.