Votan un proyecto de ley que frena los remates

La Cámara de Diputados provincial dio media sanción a una normativa que impone la conciliación obligatoria

La Cámara baja santafesina dio media sanción y giró al Senado un proyecto de ley por el cual se introduce una instancia judicial conciliatoria de carácter obligatorio y en cuyo lapso quedarán suspendidos los remates de bienes inmuebles, sean destinados a vivienda única o explotaciones comerciales, y muebles imprescindibles para explotaciones productivas.
La iniciativa, que a su vez remite a la ley nacional número 25.563 de emergencia productiva y crediticia sancionada en febrero de 2002 y cuya vigencia fue prorrogada hasta el 10 de diciembre próximo "determina que el juez debe convocar a las partes para buscar una solución, con lo cual en los hechos se suspenderán los remates durante el lapso de la instancia conciliatoria", explicó el jefe del bloque de diputados socialistas, Eduardo Di Pollina, uno de los autores del proyecto.
El legislador manifestó su satisfacción por la aprobación con el voto de todas las bancadas, a la vez que explicó que el texto "impone la conciliación obligatoria en los juicios ejecutivos y de apremio, como medio de evitar la subasta de las viviendas, chacras, comercios, talleres, industrias, herramientas, en definitiva del patrimonio de miles de santafesinos".
La iniciativa aprobada anoche en Diputados establece que durante la vigencia de la emergencia nacional, "en los juicios de ejecución de sentencia o apremios, cuando se hubiera ordenado la subasta de inmuebles en los que se encuentre la vivienda familiar del deudor o la sede o establecimiento de la explotación agropecuaria, industrial o comercial, o de servicios, del o los ejecutados, o bienes muebles imprescindibles afectados a la explotación de una actividad de las enumeradas en este párrafo, previo a la misma deberá celebrarse una audiencia de conciliación obligatoria".
Quedan exceptuados en el proyecto los créditos de naturaleza alimentaria y los derivados de la responsabilidad por la comisión de delitos penales. También se excluyen los créditos laborales, los causados en la responsabilidad civil y contra las empresas aseguradoras por responsabilidad civil y los de causa posterior a la entrada en vigencia de la norma.
La audiencia deberá ser presidida por el propio juez bajo pena de nulidad y "durante la vigencia de esta ley serán prorrogadas automáticamente todas las registraciones dominiales de las garantías", lo cual además "no impedirá la imposición y el mantenimiento de medidas cautelares en garantía de créditos".
La iniciativa parlamentaria fue suscripta además por los diputados socialistas Carmen de Baudín, Alfredo Cecchi, los radicales Angel D'Ambrosio, Jorge Alvarez y Alicia Tate, y los justicialistas Alberto Hammerly y Ariel Ugalde.
Di Pollina sostuvo al fundamentar el proyecto tratado la sesión extraordinaria de la víspera que "el Estado debe volver a poner las cosas en su lugar y dictar las normas necesarias para resolver la crisis, desempeñando su rol equilibrante, fijando parámetros que apunten a lograr equidad e igualdad en la sociedad". Y añadió que "cientos de miles de familias y productores, cuyas deudas además son actualizadas por medio de coeficientes indexatorios, y cuya aplicación no deja otra alternativa que la imposibilidad de pagar, están al borde de perder todos sus bienes".
"Por ello, la medida que proponemos tiende a permitirles resguardar sus viviendas y los emprendimientos productivos de sustento familiar, ya que la difícil situación en la que se encuentran ya no reviste las características de un problema sectorial sino que se ha transformado en una situación a resolver de índole estratégico nacional", concluyó Di Pollina.