La investigación disparada por los llamados telefónicos extorsivos de falsos secuestradores, que pedían una suma de dinero en forma de tarjetas telefónicas para liberar a su presunta víctima, logró individualizar a cuatro detenidos de una cárcel cordobesa como autores de la maniobra. La pesquisa partió del rastreo realizado por la policía rosarina sobre las llamadas recibidas por los denunciantes locales. Más allá de los imputados, una de las hipótesis de los investigadores es que no son sólo los internos descubiertos los que efectuaban las maniobras. Y otra, que los detenidos podrían formar parte de una organización en connivencia con personal del Servicio Penitenciario.
Seis familias rosarinas denunciaron entre diciembre y marzo haber sido víctimas de esta modalidad delictiva, aunque son más las que sufrieron la extorsión y no dieron cuenta a la policía. Pero las estafas originadas en el penal cordobés tuvieron alcance nacional y los investigadores arriesgan que los damnificados podrían contarse por centenas, aunque no en todos los casos llegaron a concretarse los pagos exigidos.
La imputación de los presos cordobeses desató gravísimas sospechas sobre el Servicio Penitenciario, visitado en al menos dos oportunidades por los investigadores rosarinos.
El seguimiento de las llamadas efectuadas desde el penal cordobés partió del rastreo de las que recibieron denunciantes rosarinos. El resultado identificaba el origen de las comunicaciones en los teléfonos públicos ubicados en los pasillos del pabellón 16 del centro de detención, una cárcel que aloja a más de 1.500 internos.
Con ese dato, la sección Seguridad Personal de la Unidad Regional II y los juzgados intervinientes se contactaron con los investigadores cordobeses. La brigada antisecuestros de la provincia mediterránea recibió una catarata de denuncias idénticas desde mediados del año pasado y fue la que realizó las detenciones. La actuación de los magistrados rosarinos facilitó la rápida intervención de las líneas telefónicas de la cárcel, mecanismo que resultó esencial para la individualización de los internos imputados por las maniobras.
La captura de los maleantes ocurrió en el mismo momento en que intentaban realizar una nueva maniobra, lo que posibilitó identificar a la víctima, e imputar a los acusados por tentativa de estafa.
Los cuatro detenidos, identificados como Roberto Corbalán, Claudio Ferreira, Andrés Matos y César Vélez, enfrentan ahora una nueva causa por tentativa de estafa. Estaban alojados en la cárcel del barrio San Martín de la capital cordobesa y después de ser imputados por los hechos fueron trasladados a un sector de máxima seguridad.
En las extorsiones denunciadas en Rosario, los maleantes no sólo exigieron sumas en tarjetas telefónicas. A Carlos Sebastián Grosso le exigieron el envío de 500 pesos en efectivo por carta a una dirección en Córdoba. Esa dirección fue allanada por los investigadores rosarinos el 17 de marzo pasado. La mujer a la que estaba dirigido el envío tenía familiares en la cárcel de barrio San Martín.
La presencia de los pesquisas rosarinos tuvo eco en la tormenta desatada en torno a los secuestradores virtuales que actuaban dentro del penal. A partir de la última intervención policial, las llamadas extorsivas se detuvieron, señalaron allegados al caso.
Según la investigación, algunas conversaciones entre los extorsionadores y sus víctimas llegaron a durar horas, y ese es uno de los motivos que alientan la sospecha de que las extorsiones no ocurrían al margen del personal penitenciario. Otra pauta es la estimación de que llegaron a realizar hasta una decena de llamados por día, una maniobra que no podía pasar inadvertida a la guardia del penal.
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La Ciudad
