Año CXXXVI
 Nº 49.808
Rosario,
jueves  10 de
abril de 2003
Min 8º
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Editorial
La apertura del corralón

La terrible crisis que significó para la Argentina la salida de la convertibilidad se tradujo en injusticias cuyo costo fue pagado por el conjunto de la sociedad, si bien dos sectores, asalariados y ahorristas, sufrieron el peso principal de la caída. Durante el último año, en efecto, los habitantes del país fueron acostumbrándose -es decir, resignándose- al espanto, y muchos de ellos aceptaron que los ahorros de toda su vida que habían depositado en instituciones financieras de reconocida solidez se convirtieran en un instante, por obra y gracia de una decisión gubernamental que violó todas las garantías constitucionales, en una distante promesa de cobro. En estos días y hasta el 23 de abril se está cumpliendo, con éxito por ahora escaso, otra instancia de la apertura del denominado "corralón" financiero, que al menos mejora las condiciones ofrecidas en las instancias previas, lo cual constituye -paradojalmente- una nueva injusticia.
Existe, dentro de esta inédita coyuntura, una verdad inocultable, y es que de ningún modo puede justificarse que la reconstrucción del sistema financiero -imprescindible para el renacimiento del crédito y la consecuente reactivación del consumo- se cimente sobre el perjuicio de los particulares. Claro que el daño ya está hecho, y muy difícilmente pueda resarcirse a quienes sufrieron el peso de drásticas medidas. Ahora, después de la debacle, existen señales de recuperación y las mismas entidades que meses atrás oscilaban al borde del abismo han recuperado depósitos, gracias a lo cual pueden ofrecer a sus damnificados clientes reencontrarse con una parte considerable de la suma que habían depositado originalmente.
Sin embargo -y esto es lo grave- la sensación de impunidad predomina. La ruptura de todos los contratos parece haberse erigido, dentro de un azorado país, en la ley que preside la escena. Y esa constante reescritura de las reglas ha favorecido, sin excepción, a los poderosos. El ciudadano común continúa creyendo que el rol de víctima que históricamente ha desempeñado no cambiará jamás. Urge que la dirigencia política reconstruya la previsibilidad perdida y demuestre que es capaz de favorecer los intereses de un pueblo que ha sufrido, sin dudas, demasiado.


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