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Emergencia provincial

Soy jubilado provincial hace más de 10 años. Para lograrlo cumplí todas y cada una de las disposiciones legales vigentes. Como compensación a un proceder correcto, los distintos gobiernos provinciales me condenan a sufrir la más infame de las expoliaciones a través de las promulgaciones de un rosario de leyes de emergencia (11373/96-11696/99-11965/01, por ahora), que venimos soportando desde hace seis años y aún queda todo el año en curso. Yo pregunto para que alguna autoridad gubernamental me responda: ¿una provincia como la nuestra, dotada por la madre natura, llevarla a este lamentable estado de postración en el que se encuentra, es responsabilidad de los jubilados provinciales? O será que la cruel realidad nos muestra sin velos a la vista, la incapacidad de los gobernantes (tanto Ejecutivo como Legislativo). Estos mismos gobernantes que en su afán por disimular su fracaso en el manejo de la economía provincial, sin medir consecuencias, cortan el hilo por lo más delgado, condenando a los jubilados a vivir un calvario que no se merecen. Porque el gobernador y su elenco de colaboradores no tienen en cuenta que al casi 15 por ciento que sufrimos de rebaja de sueldo se le debe agregar el desfasaje producido por la devaluación que generó una inflación en 2002 de más del 40 por ciento, según el Indec. Esta administración es demasiado ágil para descontar pero muy remisa para pagar deuda, ya reconocida hace 10 años. Hemos acudido a la Justicia provincial, pero los jueces no se percatan o no se quieren percatar de que prolongar una emergencia por siete años deja de ser una emergencia en sí para convertirse en una vil e inmoral rebaja de sueldo. La Corte Suprema nacional ya emitió su veredicto, declarando el descuento inconstitucional, debiendo cesar los mismos con el pago del mes de enero de 2003 y están avanzados los estudios para la devolución de los descontado. Nosotros no abandonamos la lucha.
DNI 5.979.589