Jorge Salum / La Capital
La Justicia designará hoy un interventor normalizador en la Asociación Odontológica de Rosario (Asor), tal como lo reclamó un grupo de socios que cuestionó la legitimidad de la comisión directiva y la acusó de administrar irregularmente los fondos de la entidad. La medida judicial había sido ordenada hace tres años atrás aunque jamás se cumplió porque las autoridades de Asor utilizaron distintos mecanismos legales para dilatar el desenlace.
La intervención fue dispuesta por la jueza civil Marta Gurdulich en consonancia con un dictamen de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la provincia, que detectó irregularidades en los últimos comicios realizados en 1999. El nombre del interventor surgirá de una lista de profesionales inscriptos de oficio en el Colegio de Abogados, informaron fuentes judiciales.
Asor cuenta con unos 1.000 socios y oficia de nexo entre las obras sociales y los dentistas para el cobro de honorarios profesionales. En 1999, cuando todavía había convertibilidad, sólo el Iapos -de los empleados públicos provinciales y municipales- le aportaba 340.000 pesos mensuales por ese concepto. Pero en marzo de 2000 Asor ya acumulaba una deuda con sus afiliados de 800.000 pesos de honorarios no liquidados. Fue entonces cuando muchos socios comenzaron a denunciar presuntos desvíos de fondos y pidieron la intervención del organismo.
Aquella deuda, sin embargo, había sido el detonante de una historia previa salpicada por denuncias de irregularidades de todo tipo. Por un lado no existían balances desde 1998 y los socios opositores sostenían que Asor era un agujero negro por donde el dinero desaparecía sin dejar rastros. Esto disparó una denuncia penal en el juzgado de Instrucción por entonces a cargo de Susana de Pigliacampo, aunque hasta donde se sabe la investigación no llegó a nada.
La otra denuncia apuntaba contra la supuesta ilegitimidad de los comicios para la renovación de autoridades realizados en 1999. Los opositores al grupo que gobierna la entidad desde 1995 dijeron que fueron elecciones amañadas, que hubo fraude y que las autoridades querían perpetuarse en Asor en beneficio propio. Por eso llevaron el caso ante la Fiscalía de Estado y ante los estrados judiciales.
Tanto la Dirección de Personas Jurídicas como la Justicia no tardaron en darle la razón. El organismo estatal sostuvo de entrada que Asor debía ser intervenida y el juez Avelino Rodil, hoy camarista, lo trasladó a una resolución en diciembre de 1999. Pero el interventor normalizador jamás pudo ser designado porque los asesores legales de Asor atacaron la medida a través de todos los mecanismos posibles.
El caso entró así en una letanía de la que no salió hasta hace dos semanas, cuando finalmente la jueza Gurdulich sacó una nueva resolución y fijó el 10 de abril como fecha para el nombramiento del funcionario que tendrá a su cargo la tarea de normalizar la entidad y convocar a nuevos comicios.
El desembarco de un interventor no provocará el desplazamiento de las actuales autoridades, encabezadas por Omar Elvio Villarreal, y su objetivo consistirá esencialmente en convocar a elecciones lo antes posible. Villarreal está en el cargo desde 1995.
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