A la Municipalidad de Rosario le quedan un poco más de 30 días para decidir dónde arrojará las 650 toneladas de basura que recoge diariamente en las calles de la ciudad y luego arroja en un relleno sanitario de la periferia. Es que, según una resolución judicial dictada la semana pasada por un tribunal de segunda instancia, el plazo para clausurar el predio conocido como Gallego III vencerá irremediablemente a mediados de mayo. La decisión crea un nuevo dolor de cabeza al municipio ya que obligará a los funcionarios del Ejecutivo a encontrar una alternativa urgente para la disposición final de residuos o, caso contrario, los dejará al borde de la desobediencia judicial.
La decisión de la Cámara Civil deja vigente una orden judicial que conminaba a la Municipalidad a cerrar el Gallego III y le otorgaba un plazo para hacerlo de 120 días. Esta orden se dictó el 15 de enero y para el abogado Jorge López Mirossevich, que patrocina la demanda contra el municipio para clausurar el relleno sanitario, son días corridos. El día "D", entonces, caerá el 14 de mayo y en el Ejecutivo no parecen tener claro qué harán a partir de entonces (ver aparte).
La cuestión tiene su historia. Hace años los habitantes del denominado Camino Viejo a Soldini, un sector rural ubicado al suroeste del casco urbano y al otro lado del arroyo Saladillo, iniciaron una larga batalla judicial para conseguir que la Municipalidad no arrojara más los residuos domiciliarios en la zona donde viven. Alegaban que eso afectaba seriamente su calidad de vida y sostenían que tenían derecho a exigir que los desechos fueran llevados a otro sitio.
Fue una pelea larga pero exitosa porque finalmente lograron su cometido: hoy los basurales conocidos como Gallego I y II
-están cerca del Puente Gallego, que cruza el Saladillo donde termina la avenida Ovidio Lagos y comienza la ruta 18- están clausurados.
Una historia sin final
Pero mientras el caso se dirimía en los despachos judiciales, la Municipalidad abrió un nuevo basural que a su vez desencadenó otro litigio. Parecía una historia sin final. Como en los casos anteriores, los vecinos del Camino Viejo se aferraron una vez más a una ley provincial que protege derechos no específicos (se llama, de intereses difusos) para cuestionar el lugar elegido para la disposición final de residuos y reclamar por su traslado a otros lugares.
Fue en ese marco que el juez en lo Civil Eduardo Oroño ordenó la clausura del Gallego III y le concedió un plazo de 120 días para hacerlo, aunque después la Municipalidad apeló y de ese modo intentó ganar tiempo. La Secretaría de Servicios Públicos buscaba así un poco de aire para decidir dónde descargar los residuos en el futuro, mientras diseñaba estrategias parciales, como el desvío de algunas toneladas de basura a predios ubicados en Bella Vista y el pueblo de Ricardone, siempre con el mismo propósito: patear la decisión final lo más lejos posible.
Mientras esto se discutía en los estrados judiciales, Servicios Públicos intentaba avanzar por un camino plagado de dificultades hacia la instalación de un nuevo relleno sanitario en la zona de Alvear, en un predio que da al río Paraná. Contaba para eso con una decisión más benévola de la Justicia, o con el estiramiento al máximo de los plazos procesales.
Pero la jugada no salió como la Municipalidad esperaba porque ahora la Sala II de la Cámara Civil dictaminó que la apelación no corresponde y de este modo desactivó la estrategia del Ejecutivo, que tiene proyectado construir un nuevo relleno en la localidad de Alvear. La resolución de la Cámara salió el 4 de abril y está firmada por los camaristas José Serralunga, José Donatti y Alicia García.
La Ciudad
