La Argentina que encontrará el presidente que asuma el próximo 25 de mayo será bien distinta a la de un año atrás. El próximo gobierno la encontrará normalizada, estabilizada y en franca recuperación económica, lo cual no quiere decir que sea un paraíso. Es obvio que los graves problemas estructurales acumulados durante al menos el último cuarto de siglo estarán presentes.
En los aspectos económicos la diferencia básica es que ahora todos los indicadores apuntan en el sentido conveniente. Esto es, la actividad y la inversión crecen; la desocupación baja; la inflación está controlada en niveles bajos muy lejos de la hiperinflación que tantos pronosticaban, y el tipo de cambio está en un nivel compatible con el propósito de hacer una Argentina productiva e integrada al comercio mundial.
Pero más que eso, el próximo presidente y quien se haga cargo del Ministerio de Economía se encontrarán con un valor imprescindible para garantizar la gobernabilidad: el de los grados de libertad o, más simplemente, los márgenes de maniobra que tendrán para planificar y ejecutar políticas económicas. Nos hubiera gustado tener esos grados de libertad hace un año.
Por estos motivos, en los últimos tiempos estoy insistiendo tanto en el país como ante interlocutores extranjeros, que la actual debe ser la mejor de las últimas cuatro transiciones presidenciales y que esto representa una oportunidad como pocas veces hemos tenido en las últimas décadas de poder afrontar las soluciones a los problemas estructurales que traban el desarrollo de un país que tiene todo -riqueza natural y recursos humanos- para volver a ubicarse entre los de avanzada.
La transición de 1989 se desarrolló en medio de la hiperinflación, con un alto nivel de conflictividad social; la de 1999 en un contexto de recesión, elevado desempleo y descontrol de la cuentas públicas; la de 2001 se produjo en circunstancias inéditas en la historia argentina moderna, en medio de una crisis institucional sin precedentes y el colapso del sistema financiero.
Un rápido repaso a los indicadores actuales muestra que la economía está en el camino adecuado. La variación de precios mayoristas y minoristas de los últimos meses converge a niveles de un dígito. La inflación mensual promedio de los últimos cinco meses es de 0,5%, cuando en abril de 2002 la tasa de los precios mayoristas fue de 19,9% mensual y la minorista, de 10,4%.
Puestos de trabajo
Entre mayo y octubre de 2002 se crearon 861 mil nuevos puestos de trabajo, de los cuales 331 mil corresponden al sector privado. En un contexto de aumento de la población económicamente activa la tasa de desempleo se redujo en 3 puntos porcentuales, lo cual prueba que han mejorado las expectativas de la gente de conseguir trabajo; el número de desocupados bajó en 457 mil personas.
La producción industrial lleva siete meses consecutivos de crecimiento. Entre abril de 2002 y febrero de 2003 acumuló un crecimiento de 19,3%. En el segundo trimestre de 2002 se inició la recuperación del PBI tras seis trimestres consecutivos negativos. Desde entonces, por primera vez se registran tres trimestres seguidos de crecimiento. El PBI crece actualmente a un ritmo de 4% anual y se estima que a fin del 2003 se habrá logrado una tasa de 4,2%, aunque algunos analistas privados ya pronostican hasta 5%. Esta performance se ha alcanzado con autofinanciamiento. Esto es, sin crédito externo ni interno. Y bien puede afirmarse que en caso de reactivarse el crédito, la proyección del producto se incrementaría en 1 ó 1,5 puntos porcentuales adicionales.
La inversión bruta fija interna -integrada por las inversiones en construcción y en equipo durable de producción- creció en el cuarto trimestre de 2002 un significativo 10,4% en relación con el trimestre anterior. En los ocho trimestres anteriores la IBIF había tenido caídas consecutivas; es más, sólo en tres de los últimos 17 experimentó crecimiento: dos veces un magro 0,2% y otra 1,6%.
El comercio exterior crece. No sólo las exportaciones que pueden ser beneficiadas por un tipo de cambio más adecuado y una mejor competitividad, sino también las importaciones, que muestran un incremento absoluto de 10% en los primeros 50 días hábiles del año. En cuanto al desempeño fiscal, desde mayo pasado se registran 11 meses consecutivos de superávit primario merced a la estabilización nominal del gasto público y al incremento en la recaudación mensual promedio superior al 50% respecto a enero/abril 2002.
El sistema financiero se encuentra virtualmente normalizado. Al comienzo de la gestión su situación era verdaderamente caótica, a punto tal que los bancos prácticamente no operaban: estuvieron cerrados 24 de los primeros 85 días hábiles del 2002. Ya en julio de ese año se detuvo el drenaje de depósitos por parte de los ahorristas y comenzó a revertirse la tendencia. En el último año se redujo considerablemente el stock de redescuentos otorgados entre fines de 2001 y principios de 2002. Es más, en los últimos seis meses las entidades no pidieron asistencia por redescuentos al Banco Central y se puede verificar que tienen hoy altos niveles de liquidez.
Aún quienes ponían en duda que el actual gobierno pudiera propiciar una salida adecuada al problema creado con los depósitos de los ahorristas se han rendido ante la evidencia de que se ha diseñado una fórmula apropiada y posible, que garantiza la devolución en moneda de origen y, por sobre todas las cosas, protege el preciado bien de la propiedad privada. Hoy el 100 % de los depósitos es -como debe ser en un sistema financiero normal- totalmente libre.
La consolidación de un sistema financiero fuerte, que aplique tasas razonables a la intermediación del dinero, es una condición imprescindible para un adecuado desenvolvimiento de las actividades económicas. Por eso es necesario para cerrar el capítulo que derivó en el colapso financiero de fines de 2001, que el Estado otorgue las debidas compensaciones por pérdidas que no son atribuibles a la responsabilidad de los bancos, sino a decisiones asimétricas de los Poderes Ejecutivo y Judicial respecto a activos y pasivos.
Bono compulsivo
Esto no implica que los bancos sean liberados en la distribución de pérdidas en que ha derivado el proceso de décadas de políticas de sujeciones. Por eso rechazamos siempre el bono compulsivo y usamos herramientas voluntarias. En ese sentido, la adopción de un sistema de flotación casi totalmente libre, lejos de llevarnos al escenario patético que muchos auguraban en abril de 2002, condujo a un tipo de cambio más realista que el que prevaleció en los años 90. En los últimos meses la recuperación de la economía y el aumento de la demanda de pesos provocó la estabilización del mercado de cambios primero y la reversión del overshooting (sobredevaluacion) inicial que siguió a la salida de la convertibilidad.
Entre las condiciones favorables que recibirá el próximo gobierno, a diferencia del actual, también se incluye la situación ante los organismos multilaterales de crédito. Peleamos por un acuerdo serio y cumplible que no nos desviara del rumbo en el cual creíamos. Finalmente se acordó algo realista y hemos sobrecumplido con nuestros compromisos en la primera revisión técnica.
La negociación demandó 9 meses, incluyendo una apelación a los accionistas mayoritarios del FMI (los países del Grupo de los 7) para que posibilitaran un entendimiento de nivel más político. En esos nueve meses la Argentina realizó pagos netos a las instituciones financieras multinacionales por u$s 4.500 millones, produciendo de esa manera un verdadero hito: un país sumergido en la crisis más aguda de su historia moderna reducía su deuda neta con esas instituciones. A la vez durante esos meses la negociación permitió reprogramar pagos por más de u$s 5 mil millones. En el acuerdo con el FMI fueron reprogramadas obligaciones por u$s3.812 millones para 2004 y por u$s2.990 millones a plazos que van de 3,5 a 5,5 años. Y la realidad demostró que mintieron o se equivocaron quienes afirmaron que había cláusulas secretas que obligaban al gobierno, o al próximo, a subir tarifas públicas, lanzar un nuevo paquete de impuestos o poner en peligro la existencia de la banca pública.
También se refinanciaron vencimientos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo con plazos que llegan hasta el 2016, mientras se negocia la deuda con el Club de París. Toda esa deuda está en situación regular. Esto es, el 52% de la deuda externa de la Argentina se cumple regularmente. El tramo en default -la deuda con el sector privado- se ha empezado a renegociar, comenzando por un proceso de identificación de acreedores. De continuarse con el ritmo actual, el próximo gobierno seguramente a fin de año estará en situación de ofrecer un menú de alternativas a los acreedores.
Todavía tenemos por delante varios días hábiles en los que se trabaja para avanzar en diversos temas. Algunos son operativos; por ejemplo, lograr una mayor aplicación al crédito de la creciente liquidez del sistema financiero.
Otros son definiciones estratégicas. Este es el caso de la unificación monetaria mediante el rescate del stock de cuasimonedas (bonos provinciales) en circulación que le permita a la Argentina volver a una situación de normalidad; esto es, tener una sola moneda como unidad de cuenta y medio de pago. En este tema los gobernadores tienen el importante papel de brindar la aprobación para que se realice la operación, que en definitiva será para beneficio de las provincias y de sus habitantes, especialmente de los empleados públicos, quienes una vez producido el canje volverán a cobrar en pesos y dejarán de pagar tasas de descuento en los centros de consumo.
Mirando al futuro
Estos avances -que han sido los posibles teniendo en cuenta la situación imperante y el carácter de gobierno de transición- responden, en lo que respecta a la economía, al diseño de una política económica que puso en práctica determinadas medidas e impidió que prosperaran propuestas inconvenientes. Esta política económica fue basada en un comportamiento fiscal "duro", orientado a registrar este año un superávit primario de 2,5% del PBI; en un control monetario estricto, que detuvo la expansión monetaria por la vía de redescuentos a las entidades financieras, y en una política financiera caracterizada por la elaboración de un menú de opciones, el respeto a las decisiones voluntarias de los ahorristas y la intervención con Lebac para regular excesos de liquidez.
Por el contrario, fueron rechazadas las propuestas de implantar controles de precios, imponer un tipo de cambio fijo y compensar con un bono compulsivo a los ahorristas. Pero especialmente se implementó una política férrea ante los grupos de interés y de presión (lobbies). Se les dijo "no" a todo lo que implicara beneficios o prebendas sectoriales que cargaran el peso sobre las espaldas del resto de la sociedad. Son precisamente esos lobbies los que hoy dicen que este gobierno hace "la plancha" y deja las decisiones para el próximo. No. No es así. Si el próximo gobierno quiere, puede reabrir esos casos a cuenta de su propia responsabilidad. Pero, también si quiere -y es conveniente que así sea-, puede dejarlos cerrados. La sociedad como un todo saldrá ganando.
El esfuerzo de las provincias
En el camino hasta esta situación, ostensiblemente mejor que la de un año atrás, el comportamiento de las provincias -globalmente- ha sido el adecuado. Las provincias han sido -injustamente- objeto de críticas feroces de todos los gobiernos de los últimos años. Sin embargo ni en el pasado han sido responsables de, por ejemplo, los desórdenes fiscales, ni han eludido este año los esfuerzos. Gran parte de las provincias han iniciado procesos de ordenamiento favorecidas por la decisión del gobierno central de canjear y asumir deudas provinciales por alrededor de u$s 26 mil millones, incrementar los recursos coparticipados, pagar deudas acumuladas e interrumpir el cobro de impuestos con bonos que no podían ser coparticipados.
En el 2002 el conjunto de las provincias tuvo un déficit de sólo $ 1.350 millones, el más bajo de los últimos cinco años, 79% menor al de 2001. Un total de 12 provincias tuvieron superávit fiscal -cuando el año inmediato anterior sólo una lo había logrado- y muchas otras redujeron sus défict entre 45 y 80%. Todas juntas tuvieron equilibrio fiscal primario (antes de pagos de deuda) por encima de todas las previsiones del FMI.
En un gesto que demuestra la comprensión de la situación alcanzada por las provincias, gran parte de los gobiernos y de sus parlamentos adhirieron al programa de financiamiento ordenado que compromete para este año una reducción adicional del 58% del déficit de ese conjunto. Los estados signatarios representan en conjunto el 80% del déficit consolidado.
Probablemente esta comprensión se explique por el hecho de que los efectos de la recuperación fueron percibidos primero en el interior del país. El proceso de sustitución de importaciones, uno de los impulsores de la recuperación económica, impacta especialmente en economías regionales, sectores y PyMES del interior. También repercuten en las provincias los niveles record alcanzados por el sector agropecuario, beneficiado por la devaluación y por la coyuntura internacional de precios que mejoró considerablemente la rentabilidad de sus exportaciones.
Todo esto se hace evidente, por ejemplo, en el desendeudamiento que muchos productores han tenido con el sector financiero, situación que no es mencionada por la dirigencia, que como en otros sectores está tan disociada de las bases a las que dice representar.
Pero la Argentina debe apreciarse en una magnitud global, la Capital Federal, el Gran Buenos Aires, las grandes y las pequeñas provincias son una unidad afectada por un problema común, una rémora que el barco arrastra hace muchos años y de la que hoy está en mejores condiciones de desprenderse. El esfuerzo necesario para lograrlo todavía es mayúsculo. No hay milagro posible, ni deben creerse consignas electorales que hablan de pasados recientes supuestamente venturosos y prometen soluciones mágicas e inmediatas para problemas también supuestamente creados en los tres últimos años.
El 25 de mayo el esfuerzo correspondiente a este gobierno de transición para cumplir los compromisos adquiridos, habrá sido realizado; es de desear que el gobierno que llegue lo continúe, y que el trabajo sostenido en el tiempo permita lograr tasas de crecimiento constantes que posibiliten dejar atrás tanta frustración.
Estoy convencido de que con seriedad, con esfuerzos justamente repartidos, con trabajo duro, tenemos todo lo que hace falta para conseguir todo lo que nuestro pueblo se merece.
(*) Ministro de Economía de la Nación
La Ciudad
