Ha transcurrido más de un año desde que se pusieron en marcha las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en virtud del Programa de Doha para el desarrollo, en las que todos nos comprometimos a abrir los mercados y a actualizar las normas de la OMC de tal modo que se ofreciera a los países en desarrollo un trato más favorable. Y ahora, en un momento de confusión geopolítica y dificultades económicas, la función de la OMC es más necesaria que nunca para insuflar estabilidad, transparencia y previsibilidad en el mundo del comercio.
Desde que se puso en marcha la nueva ronda del Programa de Doha para el desarrollo, la Unión Europea (UE) ha obrado de acuerdo con sus opiniones presentando propuestas concretas e importantes, pero sin olvidar nunca que el desarrollo es el factor primordial.
La agricultura no constituye una excepción a esa regla. La propuesta de la UE representa una vía intermedia entre las posiciones extremas y supone un esfuerzo por aunar todos los intereses que están representados en la OMC: mayor acceso a los mercados para todos, menos subvenciones agrarias que distorsionen el comercio, reducciones drásticas de todos los tipos de ayudas a las exportaciones, inclusión de aspectos no comerciales como la seguridad alimentaria y el medio ambiente, así como un trato preferente y selectivo para los países en desarrollo. Nuestra propuesta contiene asimismo cifras concretas sobre el modo de conseguir estos objetivos.
Pero escuchando a algunos miembros de la OMC es fácil tener la impresión de que todo gasto agrario es nocivo y debería eliminarse. No estamos de acuerdo. El objetivo común de la OMC es reducir las subvenciones agrarias -entre ellas, pero no únicamente, las de la UE- que distorsionen el comercio internacional y dañen los intereses de los países en desarrollo.
Discusiones centrales
Ahora bien, no todas las partes se han movido en la misma dirección y, lo que es peor, no a todas las partes se les está impulsando siquiera en la misma dirección. En los últimos años, la UE ha adoptado reformas para que nuestras ayudas agrarias distorsionen menos el comercio. Este extremo debe reconocerse en las negociaciones de la OMC, lo que, de momento, no ha sucedido en modo alguno.
El grupo de países exportadores sigue adelante con su cruzada en nombre del comercio agrario libre, que no tiene más significado que el de disfrutar de un derecho ilimitado a explotar sus innegables ventajas comparativas. Nada más justo, cabría añadir. Pero, ¿qué ocurre con los demás?
Para la población de un conjunto de países que van de Mauricio a Malta, de Bangladesh a Sri Lanka o de Corea del Sur a Suecia, la agricultura supone también preocuparse por el medio ambiente, la seguridad alimentaria, la salvaguardia del suministro de alimentos y la protección del modo de vida rural. Pero los países exportadores poderosos rechazan de plano aceptar estas preocupaciones e ignoran oportunamente que en la Declaración de Doha se señala con claridad que tales cuestiones deben abordarse en las negociaciones. Las conversaciones de la OMC tienen que desembocar en una reducción significativa de las subvenciones agrarias que distorsionan el comercio o dañan a los países en desarrollo.
No corresponde a los países que participan en las negociaciones dictar a los demás, especialmente a los países en desarrollo, el modo de lograr un sector agrario sostenible en términos sociales, medioambientales y económicos.
Así pues, en nuestra opinión, no puede haber ni habrá un acuerdo de Doha a menos que los países en desarrollo puedan llegar a la conclusión de que se les ha tratado equitativamente. Ahora bien, en lo tocante al acceso a los mercados, con la mayoría de las propuestas se corre el riesgo de debilitar a los países en desarrollo y, especialmente, a los más vulnerables de ellos, que dependen del acceso preferente a los mercados, en particular los europeos. Un mayor acceso a los mercados no debe convertirse en un instrumento que los ya poderosos exportadores agrarios utilicen de forma contundente contra los países en desarrollo.
De ahí que no sea una sorpresa el que 74 miembros de la OMC, entre ellos la UE, hayan mostrado su preferencia por un planteamiento diferente, un planteamiento que dio buenos resultados a la hora de hacer avanzar la reforma en la Ronda Uruguay. Numerosos países en desarrollo han rechazado con razón las propuestas que favorecen a las naciones exportadoras poderosas y dejan a las más débiles a la intemperie.
¿Qué se está haciendo en el sector agrario europeo? Se avanza con paso decidido en pos de la reforma, como lo demuestra la decisión adoptada recientemente de congelar nuestro presupuesto agrario en términos reales, a pesar de la inminente llegada de cuatro nuevos millones de agricultores con motivo de la ampliación de la UE. Lo importante, de todos modos, no es lo que decimos, sino lo que hacemos. En la actualidad, la UE es el mayor importador de productos agrícolas y el principal importador de productos alimenticios procedentes de los países en desarrollo y de los países más pobres. De hecho, recibimos más importaciones de alimentos de países pobres que EEUU, Japón, Canadá y Australia juntos.
Mientras tanto, otros se han movido en la dirección opuesta y han incrementado sus gastos agrarios. Aun así, las propuestas procedentes de Ginebra siguen sin abordar seriamente los programas que utilizan esos países para apoyar su agricultura.
Comprenderán que no estemos dispuestos a recibir lecciones sobre la apertura de los mercados en estas circunstancias. También comprenderán que consideremos primordial el que se corrijan todos los gastos agrarios que distorsionen el comercio, aunque sólo sea para garantizar que no somos víctimas de la competencia desleal de los Estados Unidos, el otro país que dedica sumas enormes a las ayudas agrarias.
Nos estamos esforzando por alcanzar un acuerdo respecto a las denominadas modalidades agrarias antes del 31 de marzo. Sería un gran error desaprovechar este plazo, por lo que pedimos a todos los participantes que redoblen sus esfuerzos para hallar una solución. Pero si fracasamos -e insistimos en el condicional «si»-, tendremos que mantenernos serenos. Más importante que cumplir un plazo preciso es inyectar un nuevo dinamismo a las negociaciones y seguir trabajando de manera constructiva para salvar las distancias existentes a fin de que la reunión ministerial que debe celebrarse en Cancún el mes de septiembre sea un éxito.
Las soluciones
Los últimos meses no se han utilizado en vano. Los importantes debates de las últimas semanas han puesto de manifiesto la existencia de unas pautas complejas cuya comprensión es fundamental para alcanzar nuevos compromisos. Lejos de la simplista premisa que establece dos campos contrapuestos -liberalizadores frente a proteccionistas-, hay al menos cuatro contendientes en liza: los que creen que la agricultura es algo más que cuestiones puramente económicas y apoyan a este sector, como la UE; los grandes países exportadores, encabezados por el grupo de Cairns, que rechazan categóricamente cualquier ayuda al sector agrario; los Estados Unidos, interesados en abrir los mercados de los demás países pero que gastan en ayudas agrarias tanto como la UE, si no más, y, por último, los países en desarrollo, más frágiles, que creen en los aspectos no económicos de la agricultura pero que disponen de pocos recursos para respaldarla.
Es el momento de que quienes, como la UE, están dispuestos a buscar soluciones que no menoscaben los intereses de otros participantes trabajen juntos para lograr el máximo denominador común entre intereses muy diversos. Dado que la UE se encuentra en una posición intermedia en la mayoría de estas controversias, goza de una situación privilegiada para tratar de alcanzar un compromiso. A ello dedicaremos todos nuestros esfuerzos.
En la UE deseamos lograr unos resultados valiosos tanto en agricultura como en otros ámbitos. Ahora bien, es preciso que todos y cada uno estemos dispuestos a contribuir a ese éxito y que se apliquen las mismas reglas a todos los países ricos, si de verdad queremos alumbrar un Programa de Doha para el desarrollo digno de ese nombre.
(*) Comisarios de Agricultura
y Comercio de la Unión Europea
La Ciudad
