Editorial

Emergencia económica y elecciones

La negativa del Concejo a tratar en la última sesión una prórroga a la ley de emergencia económica que rige desde hace 14 años en la Nación y la provincia de Santa Fe, pone a la Municipalidad de Rosario en una situación de desigualdad y revela una vez más lo complicado que es tener que resolver cuestiones institucionales en tiempos de elecciones.
A tenor de la relevancia del tema, la pregunta que surge rápidamente es cuánto de razonable tendrán los argumentos que usó la oposición para ni siquiera considerar la cuestión el último jueves, y si no habrán influido más allá de lo deseable las pulseadas políticas que tienden a tensarse demasiado en un año donde las disputas partidarias pueden dejar en segundo lugar los intereses generales.
La emergencia económica fue inaugurada por el gobierno nacional y contó con la inmediata adhesión de Santa Fe desde fines de 1989. Es decir que hace 14 años que ambas jurisdicciones viven bajo esa especie de paraguas de protección legal que permite reprogramar contratos de obras, servicios y renegociar contrataciones, habilita a suspender licitaciones, adjudicaciones y adquisición de bienes y posponer el pago de juicios con sentencia firme contra el Estado, otorgándole la potestad de declarar inembargables sus bienes así como los fondos depositados en cuentas oficiales. En el caso de la Nación y la provincia, la ley también afectó al área previsional y el salario de los empleados públicos.
En contrapartida, la administración municipal que conduce Hermes Binner recién implementó la emergencia en enero de 2002, durante el colapso de la convertibilidad y la disparada del dólar, y no habilitó la posibilidad de efectuar quitas en salarios y haberes previsionales. A fines de 2002, el intendente solicitó al Concejo una prórroga para todo el 2003, y fue en la última sesión del año cuando el cuerpo aprobó una extensión pero de sólo tres meses, plazo que expira mañana. Un nuevo mensaje pidiendo otra postergación hasta fin de año es el que no consideró la semana pasada el Concejo.
Como algunos bloques plantearon que necesitaban tiempo para evaluar los argumentos jurídicos y económicos del Ejecutivo, desde el oficialismo se propuso prorrogar la emergencia hasta que se discuta formalmente el tema, pero esa alternativa tampoco fue aceptada.
Se llegó así a una situación donde Rosario será la única ciudad que no tendrá el instrumento legal de la emergencia económica, ya que tanto la Nación como la provincia -y todos los municipios que adhirieron a la ley- cuentan con esta cobertura hasta fin de año.
Desde la Municipalidad se ha advertido que esta situación abre un escenario jurídicamente peligroso, donde empieza a ser cierta la posibilidad de que varios juicios que ya tienen sentencia firme por montos millonarios caigan el mismo martes contra los fondos municipales. Si esto ocurre, se podrían trabar las cuentas, hoy en un estado de delicado equilibrio, y, como anticipó un funcionario, "alguien tendrá que dejar de cobrar".
Sería lamentable que la falta de racionalidad en un entendimiento que evite estos perjuicios a la ciudad no pueda imponerse sólo por la oportunidad de conseguir ventajas electorales. Como si complicar a una gestión pudiera beneficiar a quien lo logre.