Año CXXXVI
 Nº 49.796
Rosario,
sábado  29 de
marzo de 2003
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Lanzan campaña para despenalizar la tenencia y el consumo de drogas

La campaña por la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal se lanzó ayer en Rosario. La iniciativa, hecha pública a nivel nacional el martes pasado en Buenos Aires, pretende modificar la ley 23.737, específicamente el artículo 14 de la norma, que castiga a los usuarios de drogas. El acto fue presidido por la responsable del Centro de Estudios en Drogadependencia y Sida de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Silvia Inchaurraga, y Daniel Erbetta, director del departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la universidad.
La campaña tiene un mensaje central: "Decile no a la guerra contra las drogas, decile no a la guerra contra los usuarios de drogas". El lema se repartirá en folletos y remeras, en recitales y sitios de esparcimiento, al tiempo que se pedirá adhesión para presentar un petitorio y reclamar la modificación de la ley vigente.
Además se harán talleres con jueces, legisladores, comunicadores sociales y los propios usuarios de drogas para debatir la problemática. Los especialistas aseguraron que la ley fracasó en Argentina ya que el consumo de estupefacientes ilegales continúa en aumento. "El consumo de drogas es un problema social y de salud, no de la Justicia criminal", apuntó Inchaurraga.
Bajo esa premisa es que la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (Arda) propone un profundo debate social que finalmente derive en la modificación penal de las leyes vigentes.
Según los directivos de Arda las políticas represivas y la criminalización de las conductas de tenencia o consumo de drogas, convierten a los usuarios en delincuentes. "Todo esto aleja del sistema de salud a los usuarios y aumenta los riesgos de transmisión del HIV sida y otras enfermedades de la población y sus parejas sexuales", afirmó Inchaurraga.
En ese marco, destacó que el artículo 14 de la norma nacional encuadra a los usuarios de sustancias tóxicas como criminales lo que contribuye a un proceso de "exclusión social", de estas personas. De ahora en más la entidad hará la campaña pública y debatirá con todos los actores sociales los beneficios de la modificación de la ley.


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