La falta de profesionalismo de los investigadores policiales en ocasiones puede atentar contra el éxito de las pesquisas. Es lo que sugiere, aunque entre líneas, una resolución de la Cámara Penal de Rosario a propósito de un caso de robo ocurrido en la ciudad de Villa Constitución. Los policías intervinientes encarcelaron a un sospechoso y el juez penal de aquella ciudad lo procesó, pero el tribunal de segunda instancia encontró "vicios" en la investigación y revocó la medida. Ahora el caso podría llegar a quedar impune.
Los riesgos que supone una investigación mal hecha son básicamente dos: o se encarcela a un inocente o se ensucia una prueba que, bien trabajada por los policías asignados a un caso, hubiese definido la responsabilidad criminal del sospechoso en el hecho investigado o su inocencia.
Esta peligrosa disyuntiva parece aplicarse a la investigación policial y judicial del robo perpetrado contra un remisero el 27 de octubre del año pasado en Villa Constitución. Al chofer lo abordaron dos sujetos, quienes al final del viaje en el barrio Luzuriaga lo amenazaron con un cuchillo y lo despojaron del dinero que había recaudado a lo largo de una jornada de trabajo.
Al día siguiente la policía de la Unidad Regional VI mostró cuatro álbumes fotográficos al chofer asaltado y a dos colegas que vieron a los pasajeros cuando subían al coche de la víctima, y al parecer todos señalaron a la misma persona. El sospechoso fue inmediatamente detenido pero se declaró inocente y contó dónde estaba a la hora del atraco. También dijo que había cuatro personas que podían atestiguarlo: "Estábamos pescando en la isla", dijo.
Pero nadie le creyó y al parecer después fue reconocido en rueda de personas. Finalmente el juez Rubén Bissio lo procesó por robo a mano armada.
El acusado apeló y entonces el caso llegó a la Sala II de la Cámara. Fue allí donde los jueces dijeron que los reconocimientos fotográficos policiales y "la supuesta corroboración" en la rueda de personas son una prueba insuficiente para acusar formalmente a alguien del delito que se le imputa.
Los camaristas basaron su posición en un hecho incuestionable: el reconocimiento fotográfico se realiza sin control de la defensa del acusado e incluso del juez. También sostuvieron que este tipo de pruebas sólo se justifica en casos extraordinarios.
En el caso específico de Villa Constitución, los camaristas dijeron que cuando el primer testigo señaló al sospechoso en un álbum, la policía debió informar al juez y "abstenerse de continuar realizando idénticas diligencias con los otros testigos". Además, todo indicaría que no le mostraron un álbum sino dos fotografías, una práctica común de la policía que oculta la intención de dirigir la investigación hacia personas determinadas.
Para el camarista Ramón Ríos, esta irregularidad debilita las pruebas contra el sospechoso, que además suministra "un relato verosímil" de lo que estaba haciendo al momento del robo: pescaba junto a otras personas en una isla del Paraná, y al parecer es una actividad que cumple habitualmente.
Otros indicios hicieron creíble el relato del sospechoso y aunque no lo dice explícitamente, Ríos parece sugerir dos cosas: o bien no es el ladrón, o si lo es los errores del sumario policial impiden probarlo dentro del marco legal establecido por el Código de Procedimientos Penales de la provincia. Sus pares Humberto Giménez y Juvencio Mestres coincidieron con este criterio y los tres firmaron la resolución que revoca el procesamiento dictado contra el imputado.
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La Ciudad
