Mauricio Maronna / La Capital
"El general (Ricardo) Brinzoni debería estar preso", asevera el abogado Mario Bosch, querellante en la causa por la masacre de Margarita Belén. La matanza de 22 prisioneros políticos es una herida que se mantiene abierta desde el 13 de diciembre de 1976, y que recobró nuevos bríos desde que la Justicia federal declarara la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. Sin embargo, para que la causa salga del freezer es necesario que la Cámara Federal de Rosario (a la que llegó por jurisdicción especial en 1984) remita las actuaciones a Resistencia, la capital chaqueña.
Entre el 7 de diciembre de 1976 y el 11 del mismo mes numerosos presos políticos fueron trasladados a Resistencia desde el nordeste del país (Misiones, Corrientes y Santa Fe) y ubicados en la cárcel de alta seguridad de Resistencia, la alcaidía policial, la Jefatura y la Unidad especial de Investigaciones. El 12 de diciembre, la noche previa a la masacre, la alcaidía se convirtió en el centro de recepción de detenidos, quienes fueron sometidos a todo tipo de torturas. A las 3 de la madrugada los presos fueron trasladados, con la excusa de que el nuevo destino sería una unidad penitenciaria de Formosa.
"Lo de la masacre quedó comprobado cuando uno de los ejecutores, el policía Ruiz Villasusu, se quebró y dijo que iba a declarar. Después de eso, el hombre fue gravemente herido, pero en su lecho de muerte habló ante la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Todo está reconstruido, y fue uno de los hechos-base del juicio a los comandantes. Los presos fueron asesinados por sus custodios, no hubo ningún enfrentamiento", relata el jurista chaqueño a La Capital.
¿Desde dónde nace la responsabilidad que le achacan a Brinzoni?, es la pregunta del millón. Bosch se encarga de secuenciar los hechos: "Durante las horas previas, el gobernador de Chaco, Facundo Serrano, junto con el intendente de Resistencia y personal del gabinete, sobrevolaron la zona en un helicóptero: algunos presumen que también viajaba Brinzoni. El era secretario de gobierno de la provincia, y por su despacho pasó la orden que provenía del II Cuerpo de Ejército de llevar adelante un operativo ejemplificador".
Tapado por una montaña de expedientes, el abogado (acompañado por Eduardo Toniolli, de Hijos-Rosario) narra que Brinzoni reconoció haber tenido conocimiento de la masacre de Margarita Belén. "Ofreció excusas... Como que un oficial le había comentado sobre la matanza. El tiene mucho que explicar, entendemos que es uno de los responsables, si bien no estuvo materialmente en el evento. Tuvo conocimiento de los asesinatos antes, durante y después".
El emblemático caso presenta datos sorprendentes sobre la responsabilidad del poder político de entonces. "El mismo intendente de Resistencia encargó a una funeraria, el día anterior de la masacre, 20 féretros y se habían hecho las reservas en el cementerio municipal, aunque luego fueron depositados en archivos. Curiosamente, eso fue quemado", resalta el letrado, quien trabaja en la causa junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).
"Brinzoni fue partícipe del genocidio, lo digo y me hago cargo, porque lo querellamos como tal. No apretó el gatillo, pero colaboró con el genocidio", dice.
Hay algo que no tomó estado público: en el 2001, el jefe del Ejército se trasladaba a Formosa y debió pasar por Chaco, más precisamente por la ruta 11, donde está enclavado el monumento que recuerda a las víctimas de Margarita Belén.
Según el encargado de llevar adelante la causa, "cuando terminó de pasar la caravana aparecieron las esculturas caídas, pese a que son de cemento armado. De acuerdo a los peritajes fueron volteadas con explosivos y pintadas reivindicando la masacre. Fue una coincidencia temporal: se produjo horas antes o después de que pasara Brinzoni. El está preocupado y presiona a la Corte en su propio provecho. No persigue la reivindicación del honor de las Fuerzas Armadas, sino su propia impunidad en el caso".
Tras la declaración de inconstitucionalidad de la obediencia debida y el punto final, es muy posible que Brinzoni deba concurrir a los Tribunales de Resistencia. Pero para esto es necesario que la Cámara Federal de Rosario se declare incompetente y derive las actuaciones. Según pudo saber La Capital, hasta ayer este paso no se había producido.
"La Cámara está cerca de definir la cuestión, se remitieron algunos pedidos a la Justicia chaqueña antes de la decisión", comentó anoche una fuente cercana al emblemático caso.
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Brizoni era funcionario cuando ocurrió la masacre. |  | Ampliar Foto |  | |
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La Ciudad
