El ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Carranza, se comprometió a "tomar todas las medidas necesarias para investigar" la arbitraria actitud del policía Miguel Angel Vallejo, quien agredió y detuvo ilegalmente al fotógrafo de La Capital Néstor Juncos mientras realizaba su trabajo frente a una galería comercial del microcentro. Tras el hecho, y mediante una declaración que desde el comienzo faltó a la verdad, el agente acusó al trabajador de prensa de resistirse a la autoridad y de lesionarlo. Asimismo, el ministro político sostuvo que la investigación del caso fue derivada a la directora de Asuntos Internos de la policía, Leyla Perazzo, y dijo que dentro de la fuerza "no hay lugar para los violentos".
Los anuncios de Carranza fueron hechos en el marco de una reunión mantenida la mañana de ayer con los integrantes de la Comisión en Defensa de la Libertad de Expresión y del Trabajo Periodístico del Sindicato de Prensa Rosario, quienes demostraron su profunda preocupación por los ataques sufridos por los trabajadores en el desempeño de sus funciones.
El 11 de enero pasado, Juncos se encontraba en el ingreso de la galería La Favorita, sobre la peatonal Córdoba, registrando imágenes que ilustrarían una nota que al otro día publicaría La Capital. En esas circunstancias fue abordado por el oficial ayudante Vallejo, quien reviste en el Comando Radioeléctrico, y le exigió saber qué estaba haciendo porque su actitud le parecía "sospechosa". Juncos entonces le respondió que estaba sacando fotos y se identificó como reportero de este diario pero el policía hizo caso omiso a ello y lo esposó a la reja de un comercio además de amenazarlo de iniciarle una causa por resistencia a la autoridad y lesiones, lo que finalmente hizo.
A pesar de la presencia de otros periodistas en el lugar que acreditaron la tarea que Juncos llevaba a cabo, el reportero fue trasladado a la comisaría 2ª donde quisieron obligarlo a dejar una muestra de orina para realizarle un examen de alcoholemia.
Ayer, los representantes del gremio de Prensa le dijeron a Carranza la inexactitud de la declaración hecha por Vallejo que en un primer momento sostuvo que pasaba circunstancialmente por el lugar cuando en realidad cumplía un servicio adicional de custodia en la galería.
Tras ello, el ministro manifestó su convencimiento de que "el gobierno de la provincia va a garantizar el desarrollo de la libertad de expresión" y en ese marco reiteró que "en la fuerza policial no puede haber lugar para los violentos".
Al respecto, hay que recordar que Vallejo estuvo imputado por homicidio y permaneció detenido durante ocho meses al verse involucrado en un resonante caso de gatillo fácil ocurrido el 13 de junio de 2000 en un descampado de Nuevo Alberdi. Aquel día, tres oficiales participaron de un presunto tiroteo con dos presos que se habían evadido de la sala penitenciaria del Policlínico Eva Perón de Granadero Baigorria.
Entonces resultaron abatidos José Zauli y Oscar Udi. Pero desde un primer momento, los familiares de los detenidos y varios testigos del confuso episodio aseguraron que los prófugos habían sido fusilados. El juez Jorge Eldo Juárez procesó poco después a Vallejo y a sus compañeros, pero meses más tarde la Cámara de Apelaciones en lo Penal revocó ese fallo.
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La Ciudad
