La Asociación Periodistas le expresó ayer al presidente Eduardo Duhalde su preocupación por la sucesión de atentados contra la libertad de expresión ocurrida en el país, al tiempo que reclamó garantías para el ejercicio de la profesión.
Representantes de esa asociación visitaron al jefe del Estado para manifestarle "su profunda inquietud por los atentados a medios de comunicación, las agresiones a colegas y los actos de censura que limitan gravemente la libertad de expresión en la Argentina".
Periodistas denunció que "no se trata de hechos aislados, sino de una sucesión de presiones y atentados que abarcan todas las áreas geográficas del país y que son protagonizados tanto por miembros de las fuerzas de seguridad como por políticos y funcionarios".
La entidad le entregó a Duhalde un informe con el detalle de distintas agresiones a medios de comunicación y periodistas ocurridas entre el 1º de enero y el 10 de marzo de 2003. Sin embargo, la asociación aclaró que este tipo de incidentes se viene registrando "desde hace años" en el país y tiende a aumentar.
Los representantes de Periodistas advirtieron además, que ante la proximidad de las elecciones del 27 de abril, "el ejercicio de la libertad de expresión será más necesario que nunca".
Un oficio peligroso
Entre los casos de ataques a la libertad de expresión denunciados por la asociación figuran la agresión al periodista de América TV Martín Ciccioli por parte de personas no identificadas mientras procuraba entrevistar al viceministro del Interior, Juan José Mussi, en un acto en Berazategui el 10 de marzo pasado.
También incluyeron la agresión al periodista Daniel Sosa, quien denunció a Armando Torres, vocero del ministro de Economía Roberto Lavagna por haberle propinado un golpe de puño tras una discusión el 7 de marzo pasado.
Otros casos corresponden a Christian Frolich, del diario Crónica, agredido por efectivos de la policía mientras cubría la detención de vendedores ambulantes de Once; y a Norberto Ortiz, de Crónica TV, quien recibió un perdigón de goma mientras cubría una manifestación contra el juicio iniciado contra cuatro integrantes de Quebracho.
En el informe aparecen además el hostigamiento judicial a Silvia Correge, del diario Tiempo Sur de Río Gallegos, para que revele las fuentes de una nota en la que se refería a la condena de la Cámara de Comodoro Rivadavia al dirigente gremial Jorge Rivolta por el cobro doble de asignaciones familiares; y la intimidación y agresión a periodistas del programa Punto Doc mientras cubrían el desalojo del ex Padelai, el 25 de febrero pasado.
Figuran asimismo casos de hostigamiento judicial al periodista Sergio Carreras, a quien la esposa del gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, Olga Ruitort, lo querelló por injurias por una serie de notas publicadas en La Voz del Interior, y un intento de censura, donde supuestamente se presionó a las autoridades de los Servicios de Radio y TV de la universidad de Córdoba para que un cronista fuera apartado de la conducción del noticiero.
Por último, se incluye el hostigamiento judicial a Sergio Villegas, de LU23 Radio Lago Argentino en Santa Cruz, querellado por un grupo de concejales; las amenazas a la periodista y propietaria del periódico La Tapa de Guernica, Clara Britos, y el ataque a la FM Radio Universidad, de Neuquén.
De la audiencia con Duhalde participaron el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof; el vocero presidencial, Luis Verdi, y el secretario de Medios, Carlos Ben. Por Periodistas estuvieron Magdalena Ruiz Guiñazú, Carlos Gabetta, Norma Morandini, Isidoro Gilbert, Roberto Guareschi, Ricardo Kirschbaum, Oscar Serrat, Ernesto Tiffenberg y Mabel Moralejo.
La Ciudad
