Fernando de la Rúa se presentó ayer por la mañana en los Tribunales ante el juez Mariano Bergés, quien por tercera vez lo había citado a declarar en la causa sobre presuntas irregularidades en la concesión de la autopista Arturo Illia. Previamente, el ex presidente volvió a impugnar, ante la Cámara de Casación, al magistrado y el llamado a indagatoria, se informó en los Tribunales.
Advertido de que si no comparecía en el juzgado podría ser llevado por la fuerza pública, De la Rúa llegó puntual a las 10 de la mañana.
"Me pareció pertinente apersonarme y brindar las explicaciones que anticiparon mis abogados" mediante sendos escritos elevados a la Cámara de Casación, dijo una ante el juez.
Insistente con su idea de que Bergés se maneja con arbitrariedad, por lo cual volvió a recusarlo ante aquella Cámara, el ex mandatario redondeó: "Voy a pronunciarme cuando los tribunales superiores convaliden esta indagatoria".
Aunque los abogados defensores Fernando Díaz Cantón y Miguel Almeyra descartaron que técnicamente la declaración indagatoria se haya realizado y aseguraron que la misma "se pospuso", para un funcionario judicial con intervención en la causa, en cambio, De la Rúa "se negó a declarar", con lo cual regirían los diez días de plazo que el juez tiene para resolver si lo procesa o no.
La audiencia se desarrolló en el Juzgado de Instrucción Nº43, que funciona en la planta baja de los Tribunales Federales de avenida Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro.
Una hora antes la defensa presentó un recurso de queja a la Cámara Nacional de Casación Penal solicitando que anule la citación de Bergés para que De la Rúa declare como acusado y reclamó el apartamiento del magistrado del proceso por presunto fraude en la concesión a Covimet de la autopista Arturo Illia.
En el escrito presentado a la Cámara de Casación, De la Rúa sostuvo que Bergés tiene "animadversión" hacia su persona y se preguntó por qué el juez no citó a indagatoria a intendentes que lo precedieron en la comuna porteña ni al actual jefe de Gobierno de la Ciudad, Aníbal Ibarra.
"Bergés ha actuado movido por el prejuicio, antes que por el juicio", planteó De la Rúa a través de los abogados Díaz Cantón y Almeyra, quienes aseguraron en dos escritos que el "juez tenía la intención de convocar a nuestro defendido antes, incluso, de tomar contacto con la presente causa".
La defensa sostuvo que la citación a indagatoria a De la Rúa, imputado por la concesión a Covimet que concretó cuando era jefe del Gobierno porteño, fue "divulgada a los cuatro vientos por los medios masivos de difusión" y consideró ese hecho como una "difamación irreparable", ya que considera que Bergés actuó sin pruebas que incriminen al ex mandatario en un delito.
"El juez, al convocar a nuestro defendido a indagatoria, ha dictado una resolución incompatible con la situación procesal establecida y vigente, en violación de los principios elementales de estabilidad y coherencia. Los jueces anteriores rechazaron sistemáticamente los pedidos de indagatorias", protestaron los abogados ante Casación.
Destacaron que Bergés interviene en el caso como subrogante en un tribunal vacante y resaltaron que los cinco jueces que con anterioridad estuvieron al frente de la causa se abstuvieron de indagar a De la Rúa pese a las insistentes acusaciones del fiscal Alejandro Molina Pico, a quien adjudicaron haber cometido "un error garrafal" al imputar al radical.
Cuestionamiento de la defensa
"Se ha conculcado la garantía de la defensa en juicio" que establece la Constitución nacional, "así como la garantía de la imparcialidad", indicó De la Rúa a través de sus defensores, que subrayaron que Bergés quedó a cargo del proceso el 17 de febrero último, "se interiorizó en sólo dos días del contenido del expediente" y ordenó la indagatoria del ex presidente.
Para la defensa, "a Bergés no se le escapa que la citación al ex jefe de Gobierno y ex presidente suscita la inmediata atención de los medios, que propalaron la noticia de que nuestro defendido era convocado bajo el rótulo de defraudación al patrimonio público".
"El juez ha sospechado y decidido convocar a indagatoria solamente a los actores de la única gestión gubernamental que vino a poner orden en el emprendimiento de la autopista Arturo Illia y en la relación contractual", lo cual "revela la ligereza de lo resuelto, su obrar discriminatorio y prejuicioso, así como su animadversión hacia nuestro defendido", abundaron Díaz Cantón y Almeyra.