| | La provincia irá a la Justicia por un conflicto en el transporte
| El transporte interurbano de pasajeros es sede de una creciente disputa entre la provincia y el gobierno nacional. La Secretaría de Transporte de la Nación ratificó ayer ante autoridades provinciales que el cronograma sigue adelante, a pesar de las críticas de los empresarios locales del sector. Las autoridades santafesinas del área se disponen ahora a accionar judicialmente, para tratar de frenar el proceso. El subsecretario de Transporte de Santa Fe, Diego Gómez, participó ayer de una reunión convocada por la Nación, la cámara de empresas de transporte de larga distancia y la Unión de Transporte Automotor (UTA). En el encuentro quedó asentado el rechazo de los santafesinos al proceso de licitación. No concurrieron a la cita los representantes de Córdoba, Chaco y Buenos Aires, gobiernos que están en sintonía con las autoridades locales. Aunque la reunión no fue muy extensa, la postura de la provincia quedó plasmada en un acta. Si bien el gobierno se mostró interesado por el punto de vista de los santafesinos, el Secretario de Transporte de la Nación, Guillermo López del Punta, reafirmó que la licitación está dentro de las normas legales vigentes y el gobierno tiene "derecho" a realizar el llamado. "No están dispuestos a reveer la posición que han adoptado", advirtió Gómez luego de tomar contacto, de modo informal, con el funcionario nacional. Las autoridades santafesinas anticiparon que hoy evaluarán con Fiscalía de Estado para discutir cuales son las acciones legales a seguir y una de las probables medidas sería implementar un recurso de amparo. El ministro de la Producción, Ricardo Fragueyro, se pondrá al tanto en el transcurso de la jornada de hoy sobre los detalles de la reunión entre los representantes del transporte y luego será el encargado de decidir la estrategia a tomar. Los empresarios del sector sostienen que detrás del avance del poder central por sobre las jurisdicciones del interior del país existen intereses de "poderosos grupos empresarios" que intentan ocupar posiciones monopólicas. En Santa Fe la controversia gira en torno al corredor de transporte que une Rosario con Santa Fe. Hasta el momento dos empresas locales, Tata Rápido y Micro, y San José SRL del grupo Flechabus prestan servicio en este trayecto. San José opera con un permiso precario, luego de que Central El Rápido, prestador original del servicio, fuera a la quiebra. El gobierno nacional quiere licitar, en un proceso iniciado en diciembre pasado y que tuvo algunas idas y vueltas, dos corredores entre Rosario y Paraná que pertenecían a Central El Rápido (Ecersa) y fueron heredadas por San José. La disyuntiva pasa por el tipo de prestación que se implemente. La provincia y los empresarios locales pretenden que el servicio interjurisdiccional, no realice paradas intermedias entre punta y punta, pero la última versión del proceso de licitación lanzado por la Nación incluye la posibilidad de que existan paradas intermedias. Si los operadores que operan servicios interprovinciales quedan habilitados a levantar pasajeros en tramos intermedios significaría una competencia difícil de sobrellevar para los empresarios locales, que tienen estructuras de costo y rentabilidad distintas. La Nación en principio no tiene las manos libres para conceder estos servicios, porque las prestaciones interjurisdiccionales requieren un visto bueno provincial para subir pasajeros en paradas intermedias.
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