La Corte de Apelación del Tribunal de Roma confirmó ayer la condena a cadena perpetua para los ex represores argentinos Guillermo Suárez Mason y Santiago Riveros por la desaparición y muerte de ocho ítalo-argentinos durante la última dictadura militar. En ese contexto, la Cámara de Diputados tratará hoy, en sesión especial, un proyecto para declarar la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final.
La decisión fue confirmada desde Roma por la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, quien destacó la importancia del fallo y sostuvo que esa decisión "es un signo de justicia y la justicia es signo de paz en estos momentos que se habla tanto de guerra".
Además de Suárez Mason y de Riveros, el tribunal decidió ratificar la condena a 24 años de prisión al jefe de la Prefectura Naval de la localidad bonaerense de Tigre, Juan Carlos Gerardi, y a los suboficiales Alejando Puertas, Julio Roberto Rossini, Omar Héctor Maldonado y José Luis Porchetto, de la misma fuerza.
Suárez Mason y Riveros están acusados del homicidio y de las desapariciones de Norberto Morresi, Pedro Luis Mazzocchi, Luis Alberto Fabbri, Daniel Jesús Ciuffo y Laura Carlotto, así como del secuestro del bebé Guido Carlotto.
A Gerardi, Puertas, Rossini, Maldonado y Porchetto se les acusa de la muerte de Mario Marras y de la desaparición del sindicalista Martino Mastinu.
"Transfiero la alegría para los familiares de los desaparecidos y a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia que tienen que responder sobre la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y de obediencia debida, en consecuencia con esto que pasó en Italia", aseveró Carlotto desde Roma.
Sesión crucial en la Cámara baja
En ese sentido, la presidenta de las Abuelas sostuvo que la Suprema Corte de Justicia "debe declarar la inconstitucionalidad de estas leyes para que tengamos justicia", al recordar que hoy la Cámara de Diputados tratará en una sesión especial un proyecto de nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida.
Carlotto comentó además que "fue una mañana de mucha tensión y de indignación, porque los defensores de los acusados comentaron cosas que no se ajustan a la verdad como la imposibilidad de juzgarlos en Italia, pero finalmente se ratificaron las condenas".
El cuerpo, presidido por el juez Elio Quiligotti e integrado por siete jurados populares, confirmó la sentencia que se había dispuesto el 6 de diciembre de 2000, donde los ex generales fueron condenados a cadena perpetua y otros cinco militares a 24 años de reclusión.
Las leyes italianas permiten celebrar procesos en ausencia, por lo que la Justicia pudo juzgar a Suárez Mason y a Riveros, acusados en la Argentina por el robo de bebés nacidos en cautiverio durante esos años.