Los empleados de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor están dispuestos a defender su trabajo con uñas y dientes. "Vamos a oponernos al traslado. Y si es necesario realizaremos un paro a la japonesa y seguiremos atendiendo los reclamos de la gente y realizando audiencias de conciliación hasta en la puerta de la oficina", advirtió ayer Federico Alfredo, uno de los damnificados por la resolución que, el jueves, tomaron los presidentes de los distintos bloques del Concejo Municipal. Ese día, durante la reunión de Labor Parlamentaria, los ediles dispusieron trasladar a la Intendencia a las 10 personas que integran Defensa del Consumidor y abrir un registro de voluntarios entre los agentes del Concejo para cubrir las vacantes.
Para los empleados, esta resolución "no tiene lógica" y sólo apunta a "disolver la única repartición del Concejo que brinda atención directa al público". Además, los agentes advirtieron que de esta forma, "se dilapidan descaradamente dineros públicos" que se invirtieron en la capacitación del personal removido.
"Es una irracionalidad -sostuvo Alfredo-. Durante meses nos dejarán cobrando el sueldo hasta que nos consigan alguna función en la Intendencia y por otro lado, formar a nuevas personas para atender la oficina también llevará otros tantos meses".
No obstante, el presidente del Concejo Municipal, Rafael Ielpi, sostuvo que el traslado de estos agentes "era la única posibilidad para no incrementar el presupuesto" del cuerpo y señaló que esta no era una determinación que habían acordado los presidentes de los distintos bloques del Palacio Vasallo.
Según aseguró, los sueldos de los 10 empleados de Defensa del Consumidor insumen anualmente unos 400 mil pesos "que son imposibles de incluir entre los gastos del Concejo". No obstante esta cifra fue refutada por los empleados damnificados que estimaron que "los sueldos y las cargas sociales no llegan a más de 150 mil pesos por año".
"No queremos ser ñoquis"
Más allá de los números, los empleados sospechan que en el fondo de la cuestión existe la intención de disolver la oficina. "Nos quieren dejar como ñoquis hasta que nos ubiquen en la Intendencia y nosotros no queremos ser ñoquis", advirtió Alfredo a la par que sostuvo que "si es necesario realizaremos un paro a la japonesa y seguiremos atendiendo a la gente hasta en la puerta de la oficina".
El vagabundeo de los empleados de Defensa del Consumidor tiene su historia que comenzó el año pasado, cuando el entonces presidente del Concejo, Norberto Nicotra, dispuso el traslado de 130 empleados del cuerpo a la órbita de la Intendencia. Así, el personal de Defensa del Consumidor pasó a depender del Ejecutivo, pero siguió cumpliendo sus funciones en esta oficina del Concejo.
La situación se modificó en diciembre del año pasado, cuando la Municipalidad dispuso que a partir del primer día de enero del 2003 estos agentes debían ser designados en la planta permanente del Concejo, dejando sin efecto el decreto que imponía el traslado.
En vistas de esto, el jueves pasado, los presidentes de los distintos bloques del Palacio Vasallo resolvieron que estos agentes retornen al Ejecutivo y, al mismo tiempo, se habilite un registro de voluntarios entre el personal del Palacio Vasallo interesado en despeñarse en la oficina.
Por su parte, el titular de Defensa del Consumidor, Omar Bonino, destacó la experiencia y la voluntad de servicio que tienen sus empleados y confió en que "se solucione la situación" y se pueda llegar a un acuerdo para mantener el personal.
La Ciudad
