"Por casi 40 años los responsables del Servicio de Enseñanza Privada en Santa Fe fueron ungidos por la Iglesia Católica: o les daban la bendición o directamente eran curas. Y la estrepitosa caída de (el ex obispo santafesino Edgardo) Storni cambió la relación de fuerzas". Este es apenas uno de los ejes de análisis que circulan para explicar la reciente decisión del gobierno provincial de poner un tope a los aranceles de las escuelas privadas, según el porcentaje de subsidios que reciben del Estado. Pero tampoco es el único. Las otras versiones, alejadas o afines políticamente al ministro de Educación, Daniel Germano, también marcan otras cuestiones, no necesariamente excluyentes. Por ejemplo, la que dice que la medida responde a una exigencia del Banco Mundial para darle a la provincia el segundo tramo de un crédito millonario, tras detectar un desequilibrio en los fondos que se destinan a la educación pública y la privada. O la que rescata a Germano como un "administrativista", que simplemente comprobó esa inequidad y se dispuso a cumplir de una vez por todas con lo que marca la ley desde 1968.
En un intento por desentrañar el tema, que sigue generando polémica, La Capital consultó a voceros gremiales, fuentes cercanas a la gestión de Germano y de algunos de sus antecesores. El asunto parece tan espinoso que todos pidieron mantener su identidad en reserva.
Hace 10 días se conoció una resolución ministerial ajustada a la ley que regula la educación privada en Santa Fe y que, según el actual titular del Servicio Provincial de Enseñanza Privada (que se ocupa del área en la cartera), Vicente Serra, es taxativa. Dice, entre otras cosas, que las escuelas particulares con subsidios deben ser absolutamente gratuitas o, si cobran cuotas, éstas deben ser voluntarias.
Con ese paraguas, Educación planteó un tope a las cuotas para cada porcentaje de subvención: por ejemplo, las 161 escuelas que en Rosario reciben el 100 por ciento de ayuda estatal para pagar a sus docentes no pueden pedir a los padres más que 25 pesos mensuales de aporte optativo y 12,50 extra, si se ofrecen actividades extracurriculares. Como era de esperar, muchos colegios pusieron el grito en el cielo y amenazaron con ir a la Justicia.
"¿Cómo no van a reaccionar, cuando por años los representantes de escuelas privadas hicieron lo que quisieron? Acá, cumplir con la ley parece un hecho extraordinario", razonó una fuente del gremio nacional de los docentes privados.
Una grieta en la estructura
Según esta visión, el ministerio logró poner un coto a la injerencia de la Iglesia Católica, de la que depende la mayoría de los colegios particulares subsidiados por la provincia, sólo después del escandaloso alejamiento del ex obispo santafesino. "Al caer Storni y (el ex vicario para la Educación, Luis) Grassi, en septiembre del año pasado, se debilita un poco la estructura que desde hacía 40 años imponía casi sin excepción los responsables de Servicio Provincial de Enseñanza Privada", explicó.
La opinión halla respaldo en un extenso estudio comparativo de las provincias que en agosto pasado publicó el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. En el volumen que corresponde a la educación santafesina, señala que la Iglesia "es sumamente influyente en la provincia, no sólo en lo que atañe al sector privado, sino a la toma de decisiones que conciernen al sistema en su conjunto".
Como ejemplo, cita "el alto porcentaje de gasto destinado al sector privado, que supera en aproximadamente 10 puntos porcentuales a la media regional y nacional". No sólo eso. También señala que la ley que lo creó permite al Servicio de Enseñanza Privada "funcionar como un pequeño ministerio aparte que gestiona y administra, con sus propias reglas, sus escuelas" y que es precisamente el hecho de que constituye un "enclave" lo que "dificulta al Ministerio de Educación "llevar adelante de forma eficiente el control financiero sobre las escuelas que gestiona".
Y allí se llega a uno de los puntos más desarrollados del estudio: la "independencia" que caracteriza a la educación privada en Santa Fe. Lo que no sería objetable si no fuera porque el 86% de los colegios particulares reciben subsidios del Estado. O porque, en lo que toca a Rosario, seis de cada diez escuelas privadas obtienen el 100 por ciento de los salarios docentes, aunque cobren altas cuotas.
La influencia de la Iglesia no fue el único aspecto tomado por las fuentes consultadas por este diario. Varias de ellas recordaron que para otorgar un crédito a la provincia el Banco Mundial exigió resolver el desequilibrio en los recursos asignados a la educación privada porque "estaban injustamente distribuidos, ya que algunas escuelas los necesitaban y cumplían una función social, y otras no".
Con esa visión coincidieron dos fuentes consultadas por este diario. Un ex funcionario de Educación señaló que no cree que la decisión de ponerle topes a las cuotas de los colegios vaya a tener consecuencias concretas y atribuyó la publicidad de la medida a una "maniobra mediática del ministerio" para facilitar el segundo desembolso del crédito.
La otra fuente, un vocero gremial, en este caso santafesino, hizo otra lectura política: "El criterio neoliberal del Banco Mundial, que Germano comparte, es que la educación privada tiene que ser privada en serio: ser un negocio y tomar riesgos". Y en esa línea, confió en que el ministro llevará su decisión hasta el final "porque se expuso mucho con este tema".
No muy lejos de esa interpretación se ubicó la de un allegado a Germano, a quien definió como un "administrativista", que rechaza el "fuerte desequilibrio que hay entre la educación privada y la estatal". Por eso, aseguró que aunque se abra el diálogo con los directivos de los colegios los controles y auditorías del ministerio se cumplirán para ajustar la realidad a la ley, que lleva 35 años sin cumplirse.
La Ciudad
