La crisis argentina no comienza con el corralito, la devaluación y el default. Parte de su explicación se encuentra en un tipo de cambio que estuvo sobrevaluado a partir de mediados de los 90 y que sólo se lo pudo mantener con un endeudamiento continuo, que en un contexto internacional de costo financiero cada vez mayor para los países emergentes, se tornó insostenible.
El deterioro financiero y los graves obstáculos debidos a una paridad cambiaria situada fuera del alcance de la mayoría de los costos de producción profundizaron la desaparición de empresas, ya agudizada por una apertura indiscriminada, que no tuvo en cuenta que el ajuste sólo tiene sentido si se lo acompaña con una reconversión positiva de la industria y, en el caso argentino, por el dinamismo de las economías provinciales y la promoción de la innovación y el desarrollo científico vinculado a la producción, porque hoy no es sólo la globalización sino también la de la aplicación de la investigación e innovaciones.
La economía del conocimiento no es la desindustrialización sino la determinación de colocar la ciencia y la tecnología como guía de la industria y de todas las actividades productivas.
La Argentina arrastra décadas de no haber transformado sus ventajas comparativas en ventajas competitivas. En el agro la situación se modificó en los 90, pero la principal limitación que pudo tener para el conjunto de la economía estuvo dada por el proteccionismo agrícola y en que no se generalizó la ventaja agropecuaria mediante un buen uso de los impuestos e impulsando también una producción cooperativa destinada a asegurar la alimentación básica de todos los argentinos. Por no hacerlo la crisis mundial hundió en la pobreza a la mitad de los argentinos.
Para promover la seguridad alimentaria, impulsar el mercado interno y dar una perspectiva de trabajo a millones de argentinos será necesario desarrollar una recolonización rural destinada a que la Argentina deje de ser un granero mundial poblado de pobres y desnutridos.
Para realizar esa profunda renovación tecnológica e industrial, se necesitarán niveles de inversión mucho mayores a los actuales, para lo cual será imperioso crear un ambiente propicio. Para ello, el gobierno deberá tratar de demostrar que el valor actual del flujo de ingresos alcanzará para financiar el gasto público primario y lograr un excedente destinado al pago de las obligaciones contraídas.
La mejora sostenida de los números fiscales va en esa dirección. El Ministerio de Economía efectuó una proyección de un superávit primario consolidado de más del 2% del PBI para el 2003, que brindará al próximo gobierno un panorama más estable que el imperante meses atrás.
El progreso de los números fiscales se explica en parte por el sostenido incremento de los recursos provenientes del sector primario, más el aporte del impuesto originado en el proceso inflacionario y la mejora del resultado de las cuentas provinciales.
Sin embargo, sobre la base de su cooperación con los esfuerzos de la Nación se consiguieron resultados importantes para alcanzar la solvencia intertemporal de sus cuentas. Entre las operaciones encaradas para mejorar las finanzas federales se destaca el canje de deuda provincial, que, ya en su etapa final, redujo el costo del endeudamiento provincial promedio de un 30% hasta el 2%. Nada de esto hubiera sido posible sin el fortalecimiento de la actividad industrial y agropecuaria y el aumento de la confianza de los consumidores.
Falta para festejar
Si bien estas noticias son alentadoras, todavía falta mucho para poder festejar. En 2005 los gobiernos provinciales y nacional deberán empezar a pagar las obligaciones incumplidas. Aún con las mejoras mencionadas no se alcanza a generar un excedente para cubrir el pago de la deuda. Será necesario entonces realizar un ajuste tal que no impacte en forma negativa en las expectativas de los agentes, ya que al fin y al cabo son las expectativas sobre el futuro las que determinan la voluntad de invertir.
Dentro de las posibles medidas, la lucha contra la evasión fiscal puede constituirse en una de las más importantes, ya que de paso permitiría la reducción de la presión fiscal efectiva. Esta medida debe ser acompañada con una mayor coordinación con las provincias en la recaudación de impuestos, de forma de integrar las bases de datos de los contribuyentes, sobre todo para aumentar la recaudación del impuesto a las ganancias, que tiene un desempeño bastante inferior al potencial.
Otra política que podría generar un cambio en las expectativas es el rescate de mil millones de cuasimonedas provinciales, dejando de lado quizás a los bonos de Buenos Aires y Córdoba que tienen un nivel de aceptación bastante alto.
Además de constituir de por sí un paso adelante en la reconstrucción nacional, estas medidas podrían aportarle legitimidad al nuevo gobierno, ya que serían vistas por la población como una muestra de fortaleza. De todas maneras, también será necesario seguir reduciendo el gasto público.
Será imprescindible decidir cuáles son las funciones del Estado que se deberán jerarquizar para no disminuir la calidad de éstas. Al contrario de la posición tomada en su momento por los ex ministros de Economía Ricardo López Murphy y Domingo Cavallo, de reducir en forma proporcional los salarios del sector público, deberían ser eliminadas las funciones y los organismos no imprescindibles, que constituyen el verdadero gasto político.
De otra forma, lo único que se consigue es expulsar a las personas que en el mercado podrían conseguir un salario más alto, mientras se sigue manteniendo a los ñoquis. La solvencia fiscal no es la única variable que los inversores tienen en cuenta. El respaldo a los derechos de propiedad es aún más importante. En ese sentido, la decisión de la Corte Suprema de redolarizar el depósito de la provincia de San Luis podría haber tenido un impacto positivo en el mediano plazo.
Sin embargo, el dictamen no implica necesariamente un paso adelante en la restauración de la confianza en el sistema financiero. Y esto se debe a que el fallo no determina la forma de devolución de los depósitos que fueron pesificados.
La escena internacional
Así, los ahorristas siguen sin cobrar sus depósitos en la moneda de origen y la incertidumbre aumenta, ya que no queda claro si en un futuro cercano todos los contratos pesificados correrán la misma suerte que la provincia de San Luis, incluyendo los servicios privatizados.
Es importante entender que hasta que la Corte no se pronuncie acerca de cómo podrían ser devueltos los depósitos y establezca explícitamente quién deberá cargar con el costo, el crédito financiero continuará congelado, con el consecuente impacto sobre el nivel de actividad. No se debería dejar de destacar que la crisis local es una parte de la crisis política y económica internacional ni tampoco señalar que el agravamiento de esta última podría todavía llegar a tener serias consecuencias sobre nuestro país.
El intento de Estados Unidos para mostrar que la guerra que quiere llevar a cabo se debe a la amenaza que presupone Saddam Husseim no hace más que resaltar el pésimo comportamiento de su economía, que se desliza cada vez más rápido hacia la depresión, lo que confirma que la crisis que vivió Argentina no fue un episodio aislado, como trataron de demostrar el Fondo Monetario Internacional y funcionarios estadounidenses.
La recesión por la que transitan Estados Unidos y el resto de los países desarrollados, sumado a la inminente guerra en Irak y al constante incremento de la tensión en Corea del Norte, podrían acentuar la caída del dólar y fomentar aún más el proteccionismo internacional como defensa ante el desempleo interno, lo que limitaría las oportunidades hoy depositadas por la Argentina en sus exportaciones.
Ninguno de estos problemas está contemplado por los principales referentes económicos, cuyo análisis tiene una naturaleza excesivamente convencional. Resolver los problemas financieros es esencial para el país y, sobre todo, para la porción integrada de su economía, pero su realidad social, su estabilidad política y el mismo futuro de su integración internacional reclaman una visión más amplia de los problemas, que no atañen sólo a las finanzas y a los mercados sino a la producción y a la sociedad.
Para afirmar las ventajas de un mercado interno amplio y, a la vez, consolidar la integración internacional del país se necesita iniciar un serio proceso de unión entre los países de desarrollo relativamente homogéneo de América Latina, partiendo de la plena reconstitución del Mercosur y de la búsqueda de una estrategia monetaria común dentro de este mercado.
(*) Economista del IPEF
La Ciudad
