Atilio Pravisani / La Capital
Santa Fe.- Con el traslado de 53 detenidos de la alcaidía de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional I y la liberación del sargento primero Miguel Ovejero mantenido como rehén por los presos, se destrabó un episodio que conmocionó ayer a Santa Fe y convirtió al lugar en un polvorín a punto de estallar si se tiene en cuenta el grado de virulencia que se advertía entre los amotinados, decididos a lograr su traslado o una mejora en las condiciones infrahumanas en las que permanecen alojados.
El juez de instrucción Julio César Costa elaboró un hábeas corpus correctivo que leyó desde uno de los techos que da al patio donde estaban reunidos los presos y donde dispuso otorgar a la Dirección de Institutos Penales un plazo de tres días para que haga cesar "la situación de hacinamiento que agravia la condición humana de los alojados en esa prisión".
El principio de solución para la rebelión de algo más de 170 detenidos en el lugar denominado La piojera se concretó cuando el juez Costa, un magistrado que se caracterizó por su lucha contra esa verdadera afrenta a la dignidad humana en que se convirtió la alcaidía durante la última década, firmó el hábeas corpus correctivo con lo cual comenzó el traslado de 53 detenidos a otros institutos, en su mayoría la cárcel de Las Flores, en la capital.
Previamente, y por eso se tornó lento el proceso de traslado, se procedió a la revisación médica de cada uno de los internos para posteriormente proceder a la liberación del policía que fue tomado como rehén y que durante horas debió soportar estoicamente una temible chuza sobre su cuello.
En la víspera se pudo conocer que las autoridades del ministerio de Gobierno y del Servicio Penitenciario habían recibido una orden judicial de trasladar a casi 100 presos de la alcaidía de la jefatura, pero sin embargo los funcionarios del poder ejecutivo hicieron caso omiso de esta resolución, señalándose que incluso un fiscal solicitó la iniciación de una causa por "desobediencia judicial".
El final del traumático episodio que mantuvo en vilo a la ciudad se produjo recién al caer la tarde de ayer, luego de más de diez horas de febriles negociaciones con la intervención del magistrado como principal protagonista, y funcionarios del ministerio de Gobierno, del Servicio Penitenciario y de la totalidad de la cúpula de la policía provincial.
La alcaidía de la Jefatura tiene capacidad para 109 personas y hasta el momento de ocurrir estos hechos se contabiliza una población de 178 internos, en un lugar donde predomina la suciedad, ya que hasta los baños se encuentran tapados.
El suceso se inició en las primeras horas de la mañana cuando Carlos Elio More, un peligroso detenido que había sido trasladado a ese lugar desde la cárcel de Las Flores y caracterizado por sus problemas de convivencia, sorprendió al sargento primero Miguel Ovejero, quien cumplía con una de las recorridas habituales y lo redujo con un cuchillo.
A partir de ese momento los sucesos se fueron sucediendo casi vertiginosamente en el interior de la alcaidía ya que al tener el control de ese sector paulatinamente los detenidos en el lugar se fueron sumando a la revuelta, al mismo tiempo que a los gritos y a palazos fueron haciendo conocer lo que estaba sucediendo en la Jefatura my provocaron la inmediata presencia de autoridades de la URI y posteriormente efectivos de bomberos, del Grupo de las OTE, Guardia de Infantería y otros efectivos.
Posteriormente llegó al lugar el Juez de Instrucción de turno, Julio Cesar Costa y el juez de ejecución, Alejandro Tizón, a quienes los reclusos le hicieron conocer sus demandas ya que se negaron a cualquier negociación con el personal policial, al mismo tiempo que se permitió el ingreso de los medios.
Los reclamos de los internos fueron leídos en voz alta en una nota en donde el eje de los reclamos está centrado en el logro de las mejoras en las condiciones de detención. El rehén fue finalmente liberado a las 21.23, momento en que recibió atención médica.
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