Gabriel González / La Capital
Un proceso de licitación del servicio del transporte interurbano de pasajeros que pilotea la Secretaría de Transporte de la Nación puso con los pelos de punta a empresarios santafesinos del sector, que ven en el proceso un avance del poder central por sobre las jurisdicciones del interior del país, pero por sobre todas las cosas la mano oscura de "poderosos grupos empresarios" que intentan ocupar posiciones monopólicas.
Autoridades del área del transporte de media docena de provincias se reunieron en Corrientes para avanzar con una estrategia común, gestionaron una reunión ante el gobierno nacional y preparan acciones legales para frenar la licitación si fracasan las negociaciones.
En la provincia la controversia se tiende en torno al principal corredor de transporte, el que une Rosario con Santa Fe. Ese trayecto operado por dos empresas locales, Tata Rápido y Micro, y una tercera, San José SRL, con sede en Entre Ríos pero perteneciente al ascendiente grupo nacional Flecha Bus. San José opera con un permiso precario extendido el año pasado, luego de que Central El Rápido (Ecersa), prestador original del servicio, fuera a la quiebra.
El punto de conflicto es el intento del gobierno nacional por licitar dos líneas entre Rosario y Paraná que tenía Ecersa y hoy heredó la firma del grupo Flecha Bus, con un proceso plagado de desprolijidades.
Un primer llamado a licitación, abierto el 3 de diciembre del 2002, restringía la concesión sólo para la modalidad de tráfico "interjurisdiccional" (tipo expreso, sin paradas intermedias), pero la convocatoria fue dejada sin efecto en enero. En febrero se llamó a una nueva licitación que definió una modalidad "sin restricciones" para el corredor sobre la ruta 11 y reservó un servicio expreso para otro recorrido por autopista.
Las disyuntiva entre una prestación restringida y otra liberada no es una mera cuestión semántica, porque encierra una clave de rentabilidad para la actividad. Los servicios interjurisdiccionales son de larga distancia y la estructura de costos del negocio se estructura sobre el tráfico de pasajeros que van de punta a punta. Pero si estos operadores quedan habilitados para levantar pasajeros en tramos intermedios recibirían un beneficio extra con inversión marginal.
Como las tarifas del transporte están desreguladas el nivel de la reducción podría ser tan grandes como se quiera, con lo cual estarían en condiciones de complicar a los competidores que sólo operan localmente.
De todos modos, la Nación no tiene las manos libres para conceder estos servicios, porque las prestaciones interjurisdiccionales requieren el visto bueno provincial para subir pasajeros en las intermedias.
Las autoridades santafesinas vienen planteando su oposición al otorgamiento de tráficos locales por parte de la Nación sin consentimiento previo, tanto en los casos de prórroga o renovación automática de permisos, como al otorgarse nuevos permisos de tráfico libre o asignación provisoria de permisos caídos o caducados.
La Subsecretaría de Transporte santafesina preavisó en reiteradas ocasiones a la cartera nacional sobre la caducidad de los consentimientos previamente acordados para la prestación de tráficos intraprovinciales, y advirtió sobre la necesidad de una autorización expresa para su eventual renovación, haciendo expresa salvedad de que ésta no se otorgaría en le caso del corredor Santa Fe-Rosario.
Como la repartición nacional hasta ahora no escuchó razones y la licitación se concretará antes de fin de mes, la provincial tomó cartas en el asunto. El ministro de la Producción, Ricardo Fragueyro, intimó este lunes a la Nación mediante una carta documento, e instruyó a Fiscalía de Estado para que accione legalmente.
"Estamos en contacto con autoridades de ocho provincias para ver los pasos a seguir", enfatizó Diego Gómez, susbsecretario provincial de Transporte, y acotó: "Nos preocupa mucho que alguna empresa nacional adopte una posición monopólica y que las empresas locales se fundan".
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