Las 37 distribuidores de electricidad que operan en el país se declararon ayer en estado de emergencia y advirtieron que si no se les otorga un incremento en la tarifa peligra el proceso de recuperación de la economía. Sin embargo, la jueza en lo Contencioso Administrativo, Claudia Rodríguez Vidal, confirmó que las empresas proveedoras de gas y energía eléctrica deberán abstenerse de aplicar aumentos hasta tanto se dicte una sentencia definitiva en el conflicto por la suba de los servicios.
"Es responsabilidad de las empresas distribuidoras frente a sus clientes informar que ya hemos comenzado a transitar la emergencia en el sector eléctrico, lo cual se evidencia en el deterioro paulatino de la eficiencia de su servicio", indicó en un comunicado la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera).
La nota advierte además que para atender un crecimiento de la demanda de 4 por ciento anual (equivalente a 3 por ciento del PBI) se deben invertir 1.000 millones de dólares por año, desembolso imposible en el contexto actual. De acuerdo con las proyecciones del Ministerio de Economía, el crecimiento del PBI este año llegaría a casi el 4 por ciento anual.
En ese sentido, el antecedente más reciente es el del vecino Brasil. Hace unos dos años el país carioca tuvo que soportar un freno a la expansión de su economía debido a falta de oferta de energía eléctrica, lo cual obligó al gobierno a racionar su consumo por parte de las empresas y el público en general.
Las compañías indicaron que las empresas distribuidoras están realizando sus mayores esfuerzos para tratar de impedir que la situación actual se transforme en una crisis sin retorno.
No pueden aplicar aumentos
Sin embargo, la jueza Claudia Rodríguez Vidal indicó ayer que las empresas proveedoras de gas y energía eléctrica deberán abstenerse de aplicar aumentos de tarifas "hasta tanto se dicte una sentencia definitiva".
La magistrada, que el 25 de febrero último declaró la inconstitucionalidad del decreto presidencial 146/03 mediante el cual el gobierno dio luz verde al incremento de tarifas, aclaró que las empresas están impedidas de facturar con aumentos.
Sucede que el abogado Ariel Kaplan, representante de la Asociación de Usuarios y Consumidores de la República Argentina, pidió a la jueza una acción declarativa de certeza para despejar toda duda sobre las imposibilidad actual de las concesionarias de servicios de modificar tarifas debido a los fallos judiciales dictados contra el ajuste.
El Ministerio de Economía, por su parte, recurrió a la Cámara Nacional de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo para que revoque las resoluciones mediante las que Rodríguez Vidal y la juez María Carrión de Lorenzo declararon, en pleitos independientes, la inconstitucionalidad del decreto 146.
La Ciudad
