De la Rúa sigue esquivando a la Justicia en el caso de la autopista

La Cámara del Crimen rechazó ayer un recurso del ex presidente Fernando de la Rúa y dispuso que el ex mandatario debe presentarse a una declaración indagatoria (como imputado) en una causa por presuntas irregularidades en la concesión de la autopista Illia. En la misma causa, el fiscal que lleva adelante la investigación pidió la indagatoria del actual jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, y del directorio del Banco Ciudad.
La Sala Quinta de la Cámara rechazó un recurso de queja presentado por los abogados de De la Rúa contra el llamado a indagatoria, por lo que el ex presidente quedó en condiciones técnicas de ser nuevamente citado. Pero voceros de su defensa anticiparon que recurrirán la medida ante la Cámara Nacional de Casación penal, con lo que conseguirán que la indagatoria, que aún no tenía fecha fijada, sea nuevamente postergada.
La añeja causa por presuntas irregularidades en la autopista recientemente recuperada por el Estado porteño comenzó a reactivarse en las últimas semanas, cuando el juez Mariano Bergés citó a indagatoria a De la Rúa y otros ex funcionarios durante su gestión como jefe de gobierno.
Los abogados del ex presidente respondieron apelando el llamado a indagatoria y recusando a Bergés, pero el viernes pasado la Sala Quinta de la Cámara rechazó ambos recursos, con lo que De la Rúa quedaba en condiciones técnicas de ser nuevamente citado.
Uno de los abogados del ex mandatario, Fernando Díaz Cantón, anticipó ayer que dispone de diez días hábiles para objetar la resolución de la Cámara ante la Cámara Nacional de Casación penal, lapso durante el cual regirá el "efecto suspensivo" de la apelación. Por lo menos durante esos diez días, De la Rúa no deberá asistir a Tribunales, y resta saber qué actitud adoptará Casación al respecto.
Entretanto, el fiscal de la causa, Alejandro Molina Pico, pidió la declaración indagatoria de Ibarra; el titular del Banco Ciudad, Roberto Feletti, y otros funcionarios de la administración comunal y de la entidad bancaria.
El pedido del fiscal está vinculado con un crédito presuntamente otorgado por el banco oficial del Estado porteño a favor de la empresa que concesionaba la autopista, en condiciones que podrían ser irregulares.
El dictamen fiscal no menciona por sus nombres a los funcionarios, pero indica que la indagatoria deberá estar apuntada a las autoridades que tuvieron desempeño en la gestión de ese crédito.