Reflexiones

Los subsidios a colegios privados

Alejandro Wolf (*)

En respuesta a la nota publicada en fecha 6 de marzo de 2003, bajo el título "Los colegios con 100% de subsidio no podrán cobrar más de 38 pesos por mes", y como ex director provincial de Enseñanza Privada, quiero reflexionar sobre algunos aspectos, a saber: es preocupante el grado de desconocimiento que se tiene de todos los sectores del Ministerio de Educación de la provincia a la realidad de la educación de gestión privada.
En primer término, resulta necesario aclarar -y eso sí lo tendría que hacer por obligación al cargo que ejerce quien está dirigiendo el Servicio Provincial de Enseñanza Privada- que el aporte que se recibe del Estado para sueldos docentes no es por "gracia" del Estado como se afirma en la nota publicada, sino por una obligación que tiene y ha asumido el mismo Estado al nacer como Nación jurídicamente organizada, al plasmar en la Constitución nacional el principio de libertad de enseñanza. Salvo que se pretenda en la presente gestión monopolizar la educación como estilo propio de países totalitarios.
En segundo lugar, hay un desconocimiento deliberado por parte de las autoridades de los gastos que tiene una escuela para poder mantener sus puertas abiertas (sueldos, servicios, mantenimiento edilicio/pedagógico, seguros y sueldos de personal docente y no docente indispensables para poder prestar el servicio educativo, y sin mencionar los costos asumidos a lo largo de años para poder adecuarse a la implementación de la ley federal de educación, que no son ni han sido aportados por el Estado. Es decir, el título de recibir el 100% de subsidio del Estado u otro porcentaje, además de una falacia se ha venido a convertir en un estigma que pesa sobre la mal llamada "privilegiada escuela privada".
En tercer lugar y entrando en el análisis de la disposición Nº18, la misma carece de toda lógica y condena y afecta flagrantemente el derecho no sólo de enseñar sino también de aprender, no porque lo impida expresamente sino porque lo torna materialmente imposible de llevar a cabo.
Actualmente se da en módulos extraprogramáticos como oferta complementaria para mejorar la calidad educativa, por ejemplo computación, idioma extranjero, talleres especiales, etcétera. Es decir, la disposición Nº18 no ha venido a modificar la cuota que se percibe por el servicio educativo programático o curricular, sino las actividades extraprogramáticas.
Según esta disposición y a modo de ejemplo, por el módulo de computación se ha reducido de 5 pesos (cinco pesos) a 2,50 pesos (dos pesos con cincuenta centavos) en una escuela que recibe el 100 por ciento de aporte estatal. Ahora yo pregunto, ¿qué escuela va a poder prestar este servicio, con insumos que se han cuadriplicado?, ¿podrán las familias encontrar igual servicio (con la contención escolar que la da el hecho de prestarse en la misma escuela, con la transversalidad curricular que nos imponen los nuevos modelos educativos y en muchos casos sin gastos de transporte a realizar) en otro ámbito no escolar por menos de 5 pesos que actualmente se abona? La contestación la tiene que dar y se le debe exigir al propio Ministerio de Educación para que garantice a las familias esos servicios.
En cuarto lugar, se afirma que "el Ministerio está obligado a poner límites a los abusos detectados", y quién puede disentir con ello, pero para poner límites lo que hay que hacer es aplicar las normas vigentes, y dado que la disposición Nº18 no viene a llenar un espacio legal, en consecuencia lo que el Ministerio ha hecho es legislar por la excepción afectando a todo el sistema educativo privado y a las familias que conforman la comunidad educativa, bajo el pretexto falaz y alejado de la realidad de "contribuir a las familias a disminuir los costos educacionales sin alterar la calidad educativa".
En quinto lugar, al director provincial le consta que el sistema educativo de gestión privada no ha visto disminuido su matrícula, atendiendo a casi 200 mil alumnos santafesinos y representando alrededor del 30 por ciento de la educación provincial en el marco mayor crisis que viene sufriendo el país y la provincia, y eso no se logra sino con un gran esfuerzo en todo orden de las instituciones educativas y de una comunidad educativa que la sigue apoyando en el marco que le da la libertad de enseñanza.
Entonces yo pregunto, a cambio del pago sólo de sueldos y no de todos los necesarios para poder funcionar, ¿quién termina subvencionando a quién?
En sexto lugar, me resultaron ofensivas las expresiones, "sobrevivirán las escuelas con proyectos educativos. Si alguien quiere hacer negocio, que lo haga sin el subsidio del Estado". Son expresiones totalmente desactualizadas, prejuiciosas, describiendo tal vez una parte de la realidad que se dio hace aproximadamente 20 años. Quien nació por negocio, resulta obvio decirlo, hace años que ya no está en el sistema de educación privada.
Para finalizar, me atrevo a recomendarle a quien tiene a su cargo la responsabilidad de conocer las particularidades propias de la educación pública de gestión privada, con algo más de 700 institutos privados en la provincia y así evitar la tentación de oficializar la misma con disposiciones como las que nos ocupa, tenga a bien caminar las escuelas y seguramente conocerá y hará conocer a sus superiores una realidad que se niegan a ver.
(*) Ex director provincial
de Enseñanza Privada