Los ministerios de Economía y de la Producción definirán esta semana las medidas por las que los titulares de Boden puedan emplear estos bonos en la compra de vehículos, maquinaría y otros bienes.
De esta manera, el gobierno nacional busca minimizar el impacto que tendría una redolarización masiva de los depósitos, tras la señal que dio la Corte Suprema con el fallo sobre el caso San Luis.
Sin embargo, esta posibilidad estaría fuertemente condicionada a los resultados que arroje el programa monetario dispuesto por la administración de Eduardo Duhalde, tal como lo expresó el propio titular de la cartera económica, Roberto Lavagna. Y las pautas fijadas en el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La adquisición de automóviles con Boden fue utilizada a mediados del 2002, hecho que provocó una reactivación moderada del sector. De esta forma, se volvería a emplear este mecanismo -si las cuentas públicas lo permiten- para estimular la actividad de la industria automotriz, ya que durante febrero pasado las ventas totales en el mercado interno no superaron las seis mil unidades, una cifra inferior a la registrada en igual mes del año pasado.
Tal como lo expresó Lavagna, esta iniciativa no podría ponerse en marcha solo si "existe margen" en el ámbito fiscal. Se debe tener en cuenta que sobre la propuesta original de canje de bonos aún resta la posibilidad de emplear un saldo que quedó en los cupos originales.
A cuenta de los resultados fiscales obtenidos en el primer bimestre, un primer análisis de la situación permite avizorar que el gobierno contará con las herramientas financieras para habilitar nuevos cupos para que los tenedores de Boden puedan adquirir automotores, maquinarias y otros bienes.
Como antecedente, se debe tener en cuenta la normativa dispuesta oportunamente en el decreto 905/02, medida por la cual el Poder Ejecutivo planteo una primera gestión para posibilitar una reestructuración del corralón.
La norma propuso un canje de depósitos en el sistema financiero, y la emisión y oferta pública de bonos, con el objeto de beneficiar a los tenedores de estos títulos a cuenta de crear obligaciones al Tesoro nacional.
Sin embargo, se debió aguardar hasta noviembre pasado para que el Ministerio de Economía reglamentara el uso de Boden 2012 para el financiamiento de viviendas, para lo cual se fijó un fondo de 300 millones de pesos.
De esta monto, unos 150 millones de pesos se iban a emplear en desarrollos individuales y otros 150 millones para desarrollos habitacionales.
De acuerdo con la operatoria, la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía rescatará los Boden 2012 a razón de 140 pesos más el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) por cada lámina de 100 dólares.
Economía y Producción también tendrán en cuenta la resolución 133, emitida por la Secretaría de Industria que durante el 2002 reglamentó el régimen de compra de bienes automotores y maquinarias cero kilómetro con Bonos Optativos del Estado Nacional (Boden) 2012.
Según el listado incluido en esta normativa se podía comprar automotores y maquinarias de fabricación nacional, y procedentes de los países del Mercosur.
Un caso testigo
Aunque el propio Lavagna señaló que la solución al proceso de redolarización de los depósitos la tomará el próximo gobierno y que su gestión tomará medidas cuando surjan los fallos, el titular la Hacienda busca abrir el paraguas con la reedición de una fórmula que el año pasado le dio cierto rédito para descomprimir la demanda de los ahorristas.
La reactivación de plan canje resurge después de que varios de los integrantes de la Corte Suprema reconociera que resolverá antes de fin de mes el caso testigo de la pesificación de depósitos de particulares, motorizado por la ahorrista Mirta Beratz.
En su pronunciamiento del miércoles pasado, el Tribunal fijó su criterio al declarar inconstitucional el artículo segundo del decreto de pesificación, en la causa abierta por el gobierno puntano. Pero ahora es el turno de que se expida sobre el "caso Beratz", infinitamente más representativo del común de los depositantes de lo que lo fue la provincia de San Luis, por tratarse el suyo de un monto pequeño (13 mil dólares), y de un contrato privado con un banco no oficial, el BankBoston.
Las diferencias entre San Luis y Mirta Beratz permiten suponer que el fallo de la Corte Suprema no será idéntico, aunque sí es improbable que se desdiga del corazón de su último dictamen: que la pesificación de depósitos es inconstitucional.
La Ciudad
