Desde el gobierno se celebró anticipadamente el fin de la recesión porque se llegó al tercer trimestre consecutivo de crecimiento del producto bruto interno (PBI). Claro que se oculta el piso de partida, que es una caída del PBI de 16,3% y 13,6% en el primer y segundo trimestre del año pasado, con una proyección de caída anual cercana al 11%.
Es decir que la Argentina, más que crecer durante el pasado 2002, dejó de caer. Por lo tanto, es de esperar que el impacto en mejores condiciones de vida se vea demorado, principalmente para los sectores sociales de menores ingresos.
Además, el año pasado se acrecentó la brecha entre los que más tienen y los sectores de escasos o nulos ingresos. Es una realidad que los ganadores de 2002 se encuentran entre los pocos exportadores que se apropian de los beneficios de la devaluación, pero también las empresas privatizadas que reciben su compensación de aumentos tarifarios y los bancos transnacionalizados que negocian una compensación por la pesificación asimétrica.
Por el otro lado, la mayoría de la población sufre las consecuencias de la peor crisis de la historia y nos referimos a los trabajadores, tanto desocupados como ocupados, con salarios congelados e incluso en baja, más allá de los míseros cien pesos no remunerativos que recibe una parte minoritaria de los empleados regularizados.
Pero también sufren la crisis los pequeños y medianos productores y empresarios que viven de los ingresos populares, es decir la mayoría de los sectores medios que desarrollan su actividad vinculada al mercado interno y las economías regionales.
Si pensamos el tema desde el desempleo, el anticipo de las autoridades señala que el índice se reduce desde el 21,5 por ciento de la medición de mayo, pero reconociendo que ello se debe a la existencia de los planes Jefes y Jefas de Hogar, que alcanzan a dos millones de personas, con lo que se consolida una política de disminución del desempleo abierto con precariedad e informalización.
El antecedente es lo ocurrido en 1995, cuando se llegó al 18,4 por ciento en mayo y luego en octubre se redujo, e incluso en mediciones posteriores bajó hasta el 13 por ciento. Se señaló entonces que se estaba ganando la batalla contra el desempleo. Sin embargo, con el tiempo, el índice reinició su ascenso hasta el nivel alarmante registrado en mayo pasado.
Tanto en 1995, como en el 2002, se acudió a la precariedad e informalidad del empleo para disminuir los indicadores e instalar una imagen de solución del problema. Ahora son más de seis millones los desocupados y subocupados que arrastran problemas de calidad de vida extensible a sus respectivas familias.
A tal punto se llegó, que el ministro de la Producción, Aníbal Fernández, anunció hace unos meses que está pensando una nueva forma de contratación de empleo sin aportes previsionales y con la posibilidad del despido sin indemnización.
El argumento es que prefiere empleos precarios y no gente sin trabajo. Es una muestra de la voluntad gubernamental por naturalizar la precariedad y resolver favorablemente la demanda de los capitales más concentrados para reformas laborales más regresivas.
Pero también vale comparar la dispar voluntad política gubernamental a la hora de distribuir recursos públicos. Ha señalado el ministro de Economía como un logro de la gestión de gobierno el aporte contra la pobreza, que implica una asistencia estimada en todo el año en 1.200 millones de dólares por el Plan Jefas/es. Sin embargo, en el mismo momento de ese anuncio señalaba que fueron 4.300 millones de dólares los que se destinaron al pago a organismos internacionales para cancelar deuda externa pública.
Debe registrarse que lo abonado en concepto de deuda equivale a unos 15 mil millones de pesos, es decir, un monto superior a la mitad de la recaudación tributaria que se previó para todo el 2002.
Ante el interrogante sobre las disponibilidades existentes en la Argentina para resolver los problemas de la miseria, los datos provistos por las autoridades son clara demostración de la orientación de los fondos públicos.
Los que participaron de la consulta popular contra la pobreza, en diciembre de 2001, recordarán que se reclamaban 11.400 millones de pesos (equivalentes a dólares en ese momento) para cubrir un seguro de empleo y formación de 380 pesos mensuales para cada jefe o jefa de hogar desempleado, una asignación de 60 pesos mensuales para cada menor de 18 años y otros 150 pesos para los mayores de 65 años sin ingresos previsionales.
Entonces se decía que recursos no había y ahora, la contabilidad pública informa de pagos superiores a los organismos de crédito, precisamente en un año en el que Argentina definió la cesación de pagos a los acreedores privados. Es evidente que existen hijos y entenados a la hora de distribuir los recursos públicos.
Desde Estados Unidos se informa que el Departamento de Agricultura de ese país estima una cosecha record de soja para la campaña 2002/3 en Argentina. Serían unas 2,5 millones de toneladas más que la cosecha anterior. De ese modo se contribuye, junto a Brasil, a superar la producción estadounidense y mejorar los ingresos de los exportadores locales.
Curioso que mientras mejoran los exportadores en la Argentina hay hambre y muertos por desnutrición. Claro que no es nuevo el tema, y algunos parecen descubrir ahora la mortandad infantil por causas evitables. Dicho ello en el país que produce alimentos para 300 millones de personas y que mantiene al 53% de su población bajo la línea de la pobreza, es decir, unos 19 millones de personas.
¿Qué esperamos los argentinos?
¿Es esta la Argentina que nos merecemos? La noticia que el pueblo espera es la convocatoria a una confrontación con aquellos que se enriquecen a costa del sufrimiento de la mayoría y la definición por un programa de soluciones a la problemática del empleo y la pobreza.
Los recursos están y se trata de canalizarlos como distribución del ingreso hacia el conjunto desprotegido de la sociedad, reactivar el mercado interno y asociar el destino del país a los nuevos vientos que soplan en el continente, junto con Ecuador, Brasil, Venezuela y Cuba, proyectando una integración regional sin exclusiones y que permita abrir las posibilidades para la cooperación Sur-Sur, con países en expansión como China e India.
La Argentina que nos merecemos es un país construido desde adentro y con perspectiva solidaria que articule demandas similares en todo el planeta para hacer realidad la máxima que plantea que otro mundo es posible.
(*) Especialista económico e integrante del Grupo de Economistas de Izquierda (GEI)
La Ciudad
