Rechazan en Baigorria un incinerador en el Eva Perón

Vecinos expusieron a ediles y el Ejecutivo sus temores sobre un proyecto anunciado por el ministro Bondesío

Marcelo Abram / La Capital

Granadero Baigorria. - Un grupo de vecinalistas se reunió con ediles y el Ejecutivo para solicitar la aplicación de la legislación vigente y que arbitren todas las instancias para evitar la instalación de un horno incinerador de residuos patológicos en el hospital Eva Perón.
A la reunión, realizada en la vecinal del barrio Paraíso, asistieron los concejales radicales Beatriz Zapalá y Alfredo Secondo y el justicialista Daniel Lioi, además de representantes del Ejecutivo, quienes escucharon el reclamo y tomaron el compromiso de pedir la información necesaria tanto al hospital como al Ministerio de Salud acerca de lo que se pretende realizar.
La preocupación de los vecinos tomó fuerza por un anuncio del ministro Fernando Bondesío, quien dijo que el horno se instalará en Baigorria, donde se concentraría el tratamiento de los desechos de varios centros sanitarios de la región.
"Creemos que el horno de instalará apenas el ministro firme el contrato, entonces será muy difícil volver para atrás. El sabe bien de la inquietud de los vecinos por este tema y sin embargo sigue adelante", sostuvo una vecinalista.
En febrero pasado la vecinal Martín Fierro pidió un informe al hospital sobre la actividad de los hornos. En el Eva Perón hay dos: uno crematorio y otro incinerador de residuos patológicos propios del hospital.
Según el informe recibido por la vecinal, que fue entregado por el director del nosocomio, José Del Valle López, este segundo horno incinerador que se instalaría liberaría dioxinas y furanos al ambiente.
El informe también señala la necesidad de reacondicionar el horno en uso y que el costo sería realmente muy elevado, a tal punto que se estaría buscando un presupuesto para la instalación de uno nuevo, por lo que ya se habla de uno pirolítico.
Los participantes de la reunión hicieron hincapié en la vigencia de la ordenanza 10.959 de 1992 que oportunamente presentó el bloque de concejales de la UCR y que entonces fue aprobada por unanimidad. En esta norma legal, que tiene como objetivo la preservación del medio ambiente, se considera a la incineración como una fuente de contaminación y prohíbe todo tipo de actividad que tienda a generar contaminación sin un previo estudio sobre el impacto ambiental.
También deja en manos del gobierno municipal el poder de policía para regular, prohibir o sancionar sobre los hechos que se especifican en la norma y que puedan causar daño en el ambiente o en la salud de las personas.