Las representantes legales de la joven de 16 años violada por tres policías en la comisaría 1ª solicitaron al Estado provincial un resarcimiento de 800 mil pesos por el daño moral y psíquico que sufrió la chica atacada. La medida será acompañada por una demanda civil que radicarán hoy, dentro de la causa penal que se sigue en el juzgado de Sentencia Nº 2, para que el juez Antonio Ramos resuelva la cuestión si es que el Estado no se hace cargo de la indemnización. Así, el triple ataque sexual contra la menor no sólo significó un grave daño para la víctima sino que reportará un alto costo para las arcas de la provincia, intimada a reparar el daño porque el delito ocurrió dentro de un establecimiento público y fue cometido, según el criterio de un juez de instrucción, por empleados policiales.
El reclamo administrativo fue dirigido ayer al gobernador Carlos Reutemann por las abogadas Florencia Barrera y Ana Oberlin, apoderadas de la menor violada el 26 de julio de 2002 en la seccional de Juan Manuel de Rosas 1350. La presentación fue formulada por estrictas cuestiones formales: para iniciar una demanda civil es requisito previo agotar la vía administrativa. Dentro de esa instancia el gobierno está en condiciones de aceptar la solicitud, rechazarla o formular otro ofrecimiento.
El juez Ramos recibirá hoy en su juzgado la demanda civil por daños y perjuicios que deberá resolver una vez que dicte sentencia en la causa. Los demandados son los tres procesados por el ataque sexual -el cabo Ariel Marcelo Canelo y los oficiales subayudantes Juan Manuel Morales y Fabián Patricio Ibarra- y el Estado provincial, por estar involucrados empleados públicos en ejercicio de sus funciones. El reclamo indemnizatorio se funda en el perjuicio moral y psicológico que sufrió la joven.
El caso ocurrió el 26 de julio de 2002. Esa noche la chica iba a bailar con el novio de una amiga cuando el joven decidió cometer un asalto en un estacionamiento céntrico. La menor resolvió volver a su casa pero en el camino hacia la parada del colectivo fue alcanzada por el muchacho, Ezequiel, quien paró un taxi porque era seguido de cerca por un policía.
Este era el sargento Ernesto Olmedo, quien debía estar custodiando el Concejo Municipal y se enteró del robo por la frecuencia policial. En su auto particular salió a la caza del sospechoso y lo apresó cuando subía al taxi con la chica en 3 de Febrero y 1º de Mayo. Primero lo despojó del arma y guardó en sus bolsillos el dinero del robo. Luego avisó por radio de la detención a sus colegas de la seccional 1ª. Estos llevaron preso al joven a la comisaría. La chica lo siguió como acompañante.
Enterados de la mejicaneada, el oficial Morales (a cargo de la dependencia) y el cabo Canelo fueron a exigirle a Morales que compartiera el botín. De nuevo en la seccional, usaron a la chica como intermediaria para que llamara a la madre de su amigo preso y le pidiera 200 pesos a cambio de su liberación. El intento de coima no tuvo éxito porque la madre de Ezequiel dijo no tener dinero.
Reconocidos en el Tribunal
Una vez que se retiró de la seccional la agente Gabriela Scaravilli, la chica fue conducida por la fuerza a un cuarto trasero de la dependencia mientras en la guardia permanecía el sargento Carlos Puchot. La joven reconoció a Ibarra como quien la violó en primer término, mientras el segundo policía aguardaba su turno en la puerta y le daba instrucciones al que la sometía para que acallara sus gritos. Fue identificado como segundo violador el cabo Canelo. El siguiente, según el proceso, era el oficial Morales.
La chica luego fue amenazada para que no hablara. A fines de septiembre, cuando se cruzó en la calle con los atacantes y la insultaron, decidió denunciar el caso. "Pasaron al lado mío y me dijeron fiestera", reveló la menor.
Por delitos colaterales a la violación fueron procesado Olmedo, Puchot, Scaravilli y el jefe de la repartición, Alfredo Porta Guardia, a quien le imputan no haber denunciado el caso. Además, el cabo Ernesto Segantini es juzgado por no registrar el ingreso del detenido. La Jefatura local pidió la cesantía en sus funciones de los tres procesados como autores materiales y de Olmedo, Segantini y el agente Diego Mauricio Juárez, acusado de no requisar ni custodiar a la pareja en la comisaría.
La Ciudad
