Una maniobra de último momento del gobierno obligó a la Corte Suprema a postergar un fallo decisivo sobre la redolarización de depósitos y profundizó la ruptura entre el Poder Ejecutivo y los ministros del alto tribunal que, llenos de ira, prometieron fallar hoy "sí o sí" en contra de la pesificación en uno de los casos considerados testigos en este tema: el de la demanda de la provincia de San Luis contra el Banco Nación por una imposición de 247 millones de dólares.
Cuando todo parecía indicar que la Corte daría a conocer su resolución ayer, el gobierno, a través del Banco Nación, ensayó una movida para ganar tiempo. Una hora antes de que empezara la reunión de acuerdo de los ministros, depositó Boden 2012 para neutralizar la demanda judicial de San Luis por la pesificación de colocaciones por 247 millones de dólares y recusó a dos jueces de la Corte.
En el primer caso, con la presentación de un certificado ante el máximo tribunal para acreditar la colocación de esos títulos en la cuenta de la provincia de San Luis, el Nación pretendió compensar la diferencia existente entre los depósitos provinciales por 247 millones de dólares que fueron pesificados a 1,40 pesos y el valor que tendrían esos fondos a la cotización que hoy registra la moneda estadounidense.
La intención de la administración Duhalde es que ahora la Corte declare abstracto el reclamo puntano, porque las obligaciones fueron canceladas con bonos y, según interpretaron algunas fuentes, San Luis debería entablar un nuevo juicio para impugnar la entrega de los Boden. De esta forma, el gobierno gana tiempo.
Además, presentó un pedido de recusación contra el vicepresidente de la Corte, Eduardo Moliné O'Connor, cuyo voto a favor de la redolarización había trascendido a los medios en diciembre pasado; y contra el ministro Carlos Fayt, quien ese mismo mes había admitido en un reportaje que tenía un depósito en el Banco Nación.
En este caso, se trata de un nuevo intento para anular la mayoría de jueces que estarían dispuestos a votar a favor de la inconstitucionalidad de la pesificación de los depósitos. Ese bloque estaría integrado por Moliné, Fayt, Julio Nazareno, Guillermo López y Adolfo Vázquez.
Esta maniobra enardeció a los jueces y a la gobernadora de San Luis, Alicia Lemme, quien se atrincheró en el Palacio de Justicia y prometió permanecer en el edificio de los tribunales hasta que la Corte reanude el acuerdo que pasó a un cuarto intermedio hasta hoy a las 9.
Los miembros del máximo tribunal, que debieron levantar la sesión oficial debido a que se ven obligados a cambiar la resolución con los nuevos datos, permanecieron reunidos hasta pasadas las 22 y, según trascendió, ahí decidieron que rechazarán los pedidos de recusación.
Furia en Tribunales
"Esta es una maniobra más del Poder Ejecutivo, que no ha cesado de intimidar a la Corte", clamó la gobernadora Lemme, quien aseguró que la maniobra de ayer se trató de "una acción desesperada para que esta causa no se resuelva".
En las puertas de Tribunales se encontraban reunidos manifestantes del grupo de ahorristas que conduce Nito Artaza y de las entidades que agrupan a los deudores. Los unos para reclamar por la redolarización de depósitos y los otros para exigir que esa medida no se traslade al cobro de deudas. "Estamos asqueados de las corporaciones mafiosas que han operado sobre la Corte Suprema de Justicia", señaló el actor, quien se mostró confiado en el que máximo tribunal finalmente fallará hoy contra la pesificación.
En otro punto de Capital Federal, los banqueros reunidos en la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra) se encontraron con el representante del Fondo Monetario Internacional (FMI), Anoop Singh, quien se mostró preocupado por los efectos de la decisión de la Corte. El lunes pasado, el organismo aprobó el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias pautadas en el acuerdo con el gobierno nacional pero a nadie escapa que el fallo redolarizador obligará a replantear ese convenio.
Misil contra los bancos
Fuentes de la Corte señalaron a la noche que la fallida resolución disponía que fuera el Banco Nación el que pagara lo adeudado a San Luis, incluida la diferencia entre 1,40 y la cotización del dólar libre. Además establecía un plazo de 30 días corridos para que ambas partes se pusieran de acuerdo en torno de un plan de pagos. De esta forma, la bomba caía todavía en el período de administración duhaldista.
La relevancia de la decisión, en la que se insistiría mañana, consiste en que la Corte parece tener resuelto que sean los bancos y no el Estado nacional, a través de bonos compulsivos, quienes devuelvan los depósitos en dólares.
Este criterio se mantendría en los casos de ahorristas particulares, concretamente en el "expediente Beratz", caso testigo de la despesificación de fondos de particulares.
Una redolarización de todos los depósitos que fueron convertidos a pesos significaría que el gobierno y los bancos deberían encontrar la forma de devolver hasta 20.000 millones de dólares, justo en momentos en que el sistema financiero se recupera tras haber quedado al borde del colapso en el 2002.
El secretario de Política Económica, Oscar Tangelson, advirtió ayer que el gobierno prepara otros remedios ante un fallo de la Corte que obligue a restituir dólares a los ahorristas. Enigmático, advirtió que existen "otras instancias institucionales" para revertir una decisión de la Corte, indicó Tangelson, que podrían ser "tanto legislativas como del Poder Ejecutivo". Esta posibilidad, justamente, fue barajada por el presidente de la Corte, Julio Nazareno, pero no encontró apoyo en los restantes ministros del tribunal.
La posibilidad de un acercamiento se complica ahora por el impacto que causó la maniobra del Ejecutivo. "Lo que hizo el gobierno traspasa cualquier límite", señaló uno de los jueces.
La Ciudad
