Hacia dónde va la acreditación de las carreras de grado universitarias

Fabiana Monti / La Capital

La acreditación de carreras de grado por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) abrió una polémica al interior de la comunidad académica. Si bien lo estableció la ley de educación superior, su implementación genera sospechas acerca de cuáles son los fines de estas auditorías. Algunas casas de estudio, como la Universidad Nacional de Buenos Aires, llegaron a interponer recursos en la Justicia, apelando a la autonomía universitaria y tomando a estas evaluaciones como un avasallamiento a principios de la institución.
  Históricamente, la Coneau tuvo a su cargo la acreditación de posgrados, como una manera de garantizar la calidad de las ofertas educativas y también de asegurar condiciones mínimas de funcionamiento. Pero la ley de educación superior dictada en el año 1995, también establecía entre sus fundamentos la evaluación de carreras de grado, y allí se abrió la polémica.
  Si bien este proceso comenzó en 1999 con la acreditación obligatoria de las facultades de medicina, los procesos que realiza el organismo, generan ciertas dudas acerca de qué se hará con la información que otorguen los relevamientos. El fantasma del proyecto privatizador acecha en la comunidad académica aunque reconocen que hasta el momento no han habido movimientos al respecto.
  Adolfo Stubrin, vicepresidente de Coneau explicó que las acreditaciones de carreras realizadas en base a normas específicas aprobadas por resoluciones ministeriales en función de lo que se decide en el Consejo Universitario.
  "Nosotros no hacemos balances, hay algunos documentos. Lo que se va observando es que se van repitiendo algunos fenómenos, por ejemplo con los planes de estudio, pero nuestros pronunciamientos son bastante amplios", indicó el funcionario. No obstante, no abundó en detalles acerca de cuáles eran esos fenómenos. "En principio el artículo de la ley fue bastante cuestionado, porque implicaba el control externo", indicó Roberto Follari, investigador de la Universidad Nacional de Cuyo. "Se estableció que se iban a evaluar las que tuvieran interés público y se pensó que iba a existir un control indiscriminado pero por suerte no se realizó".
  Según el investigador, la experiencia de calificación de los posgrados por parte del organismo fue positiva, ya que implicó ciertos estándares mínimos. De todas maneras, observa que existen algunos cuestionamientos en torno a que en muchos casos, fueron evaluados sin que el jurado vaya al lugar, además que no existe ningún tipo de evaluación a quienes ejecutan esas evaluaciones.
  En cuanto a los resultados de las relevamientos, Follari indicó que no sólo se acepta si la carrera es buena o no, sino también que se la califica. "Esto implica una especie de ranking y de algún modo, la institución que más puntaje obtiene, aparece como jerarquizada. En la medida que no haya sanciones, esta situación estimula a la calidad y al rendimiento”.
  Otro punto que observó el investigador fueron los estándares con que son evaluadas las carreras y señaló que son "relativos y discutibles". "Es importante que se contemplen las realidades de casas de estudio porque quizás no es lo mismo la relación alumno-docente, en Jujuy que en Buenos Aires", explicó.
  "No está mal que se audite a las universidades teniendo en cuenta que en términos reales, no siempre han tenido estándares de calidad", reflexionó el docente de la UNC. "La universidad debe tener autonomía pero también transparencia".
  No obstante, también resaltó que esa "riqueza de información” obtenida en esos procesos no ha sido volcada a lo que se espera sea una política universitaria. "El temor es que en un hipotético proceso de privatización de la educación superior, esos resultados sean tomados bajo el criterio eficientista", concluyó Follari.