Salir a robar con un arma de juguete puede ser considerado tan grave como hacerlo con una de verdad o simplemente un acto idéntico a asaltar desarmado. Es que la interpretación legal de los robos con armas inservibles genera posturas encontradas entre los jueces, al punto que ante un mismo caso se han registrado fallos opuestos. Por esta razón el defensor general Carlos Giandoménico presentó un recurso para que los jueces unifiquen un criterio y así la suerte de los detenidos no dependa del azar.
La cuestión de cómo calificar este tipo de delitos ha agrupado dos corrientes de opinión en Tribunales. Por un lado están quienes igualan el asalto con réplicas a un robo calificado por el uso de armas, a raíz del efecto intimidante que ejerce sobre las víctimas. En la vereda de enfrente se sitúan quienes lo equiparan al robo simple porque en estos casos el arma es incapaz de lesionar, y por tanto la peligrosidad de quien la manipula es menor.
En el medio del debate, lo que está en juego es la libertad de las personas: mientras que el robo calificado contempla un mínimo de cinco años de cárcel, el robo simple es excarcelable y tiene una pena mínima de un mes. Para zanjar la discusión Giandoménico presentó un recurso de inaplicabilidad de la doctrina legal, el cual se usa para impugnar un fallo cuando éste contradice la interpretación de la ley efectuada por otros camaristas.
Un caso, dos enfoques
De hecho, en el Poder Judicial de Rosario el tema generó resoluciones divergentes. Mientras que los jueces de la Sala Segunda de la Cámara Penal consideraron robos simples tres asaltos con armas falladas, sus pares de la Sala Tercera sentenciaron a un albañil a una pena de prisión efectiva por hacerlo con un revólver sin percutor. Este último es el caso cuestionado por Giandoménico, que actuó en esa causa como defensor del acusado.
El dictamen perjudicó a Martín Villagra, quien en febrero de 2002 fue condenado a dos años de prisión en suspenso por el juez de Sentencia Nº 1 como coautor de un robo simple. El arma que empleó en aquel robo era imposible de ser disparada porque la púa percutora estaba quebrada.
Apelado el fallo por la fiscalía, la Sala Tercera resolvió finalmente encuadrar su conducta en el delito de robo calificado y ordenó su detención. Según el criterio de la sala, las características del arma que se emplea en un robo son indiferentes. Lo que importa es su capacidad de vencer la voluntad de la víctima. "Inexorablemente se da mayor ofensividad para el autor y mayor temeridad para la víctima", apuntaron los camaristas. Desde esta postura, un arma es todo objeto que "aumenta la capacidad vulnerante" y por lo tanto una pistola inepta es suficiente para calificar el robo, porque sirve para anular la capacidad de resistencia de la víctima y facilitar el atraco.
En la contracara de ese enfoque se ubican tres fallos que emitió la Sala Segunda. En la causa "García y Bonelli", ese tribunal resolvió en diciembre de 1998 considerar robo simple a un asalto cometido con un arma descargada. La misma receta aplicaron en el expediente "Espoile, sobre robo calificado". Y en octubre de 2001 sostuvieron idéntica interpretación en el caso "Miceli o Micelli": "Al no demostrarse la aptitud del arma para disparar, no se acredita que cumpliera su fin", resolvieron los jueces.
Intimidación o peligro
Lo que separa a las dos posturas parece radicar en las consecuencias que sufre la víctima ante un arma simulada. Una corriente de análisis hace foco en el grado de intimidación sufrido por la víctima. La restante, en el peligro real al que es sometida.
Este último enfoque es el que defiende Giandoménico en su escrito. El defensor considera que el arma en desuso no agrava el robo porque no implica peligro para la víctima. Y que por lo tanto el caso debe quedar caratulado como robo simple.
Desde este análisis el arma es considerada como tal "cuando es capaz de matar, herir o provocar un perjuicio físico". Además, se entiende que el bien protegido por la ley cuando castiga el uso de armas es la vida o la integridad física, lo que "no se vulnera con un arma inútil". Por último, valora que la pena prevista por el robo simple (un mes a seis años) en relación al calificado (5 a 15 años), otorga un amplio margen como para castigar cada caso concreto "sin consagrar impunidad alguna".
Para Giandoménico la disparidad de criterios es inadmisible porque en caso de haber sido juzgado en otra sala, distinto sería el futuro de su cliente, quien sostiene a su familia con su trabajo en una empresa constructora y no tiene otros antecedentes. "Esto lesiona el principio de igualdad ante la ley. No puede tolerarse que los justiciables corran suertes tan diferentes de acuerdo al tribunal que los juzgue", planteó.
Si la presentación es admitida, los jueces de la Cámara Penal deberán reunirse para dictaminar cómo juzgar de aquí en más los robos en los que las armas son parte de la puesta en escena pero nunca entran en acción.
La Ciudad
