La ex diputada bonaerense Patricia Mónica Fernández (PJ), acusada de presunta apropiación de subsidios estatales a niños pobres, llegó ayer al país extraditada desde España, donde se había refugiado luego de ser buscada por la Justicia. Tras su arribo a Ezeiza, a las 7.15, la mujer fue trasladada a la Unidad Penal número 8 de La Plata donde quedó alojada.
Fernández fue detenida el 8 de marzo de 2002 por personal de Interpol en la isla mediterránea de Palma de Mallorca, donde se había fugado en enero de 2001. Luego de irse del país, la ex diputada pasó por Alemania y finalmente se instaló en Mallorca con su compañero, el también ex diputado peronista Miguel Asselle.
El juez de garantías platense Guillermo Atencio había solicitado su extradición por la presunta comisión de los delitos de estafa calificada, malversación de fondos públicos y uso de documentos falsos, acusaciones por las que podría recibir una condena de hasta diez años de prisión.
Atencio y los fiscales Carlos Arguero y Esteban Lombardo le imputaron a Fernández "haber simulado, en fechas comprendidas entre 1998 y 1999, y en colaboración con terceras personas, la concesión de subsidios con fondos pertenecientes a dicha Cámara", según el exhorto de extradición.
El importe de esas ayudas supuestamente falsas alcanzó al menos 95 mil pesos o dólares "apropiándose de dicha cantidad en su particular beneficio", según indicó el requerimiento del juez.
Seguidora del ex intendente de San Martín Julio Libonatti, Fernández fue diputada justicialista en la provincia de Buenos Aires de 1995 a 1999 y luego ocupó un alto cargo en la Dirección de Escuelas, por entonces encabezada por José Octavio Bordón.
En enero último, el Consejo de Ministros del gobierno español dio el visto bueno a la extradición de la mujer argentina, que, previamente, había sido aprobado por la Sala en lo Penal de la Audiencia Nacional de España.
Al declarar en el juicio de extradición en Madrid, Fernández "alegó no haber cometido ningún delito sino sólo haber percibido, en su condición de parlamentaria, una forma de retribución encubierta para evitar el control fiscal, lo que es una práctica habitual en su país", según copia del debate.
También aseguró que "la única razón de la extradición es la venganza política por parte de otro partido político opuesto al suyo" y aseguró que "los hechos no tenían el carácter de delictivos en Argentina, ya que se trataban de formas de retribución de los parlamentarios generalmente aceptadas, aunque lo fueran de forma encubierta".
Pero el tribunal no atendió a esos argumentos y evaluó que "la motivación política de la solicitud extradicional que se alega no queda de ninguna forma acreditada", dando finalmente el visto bueno a la extradición.
Asunto de familia
Los investigadores sospechan que Fernández habría simulado que distribuía esos fondos y en verdad habrían ido a parar a algunos familiares y allegados. La Justicia investiga si en las presuntas maniobras habría intervenido la denominada Red Bonaerense de Usuarios y Consumidores, que ella presidía, colocando de vicepresidente a una persona de confianza: su propia madre, Amalia Brovarone, que también está imputada y pasó un tiempo detenida.
Asimismo, en la causa figuran como imputados un hermano de Fernández, Juan Pablo, que también estuvo detenido y salió en libertad bajo fianza, y dos ex empleados del despacho de la ex diputada, Mabel Ana Díaz y Guillermo Bertoldi Pizarro.
La Ciudad
