Editorial

Redolarización, debate crucial

Hace tiempo que la Argentina se asemeja a un país desgarrado. Es decir, que sus partes -las cuales deberían complementarse entre sí, a la manera de las que integran un organismo vivo- no consiguen conectarse y entonces cumplen con sus funciones por separado, sin responder a un proyecto común que las reúna y armonice. Entre los múltiples riesgos que esta dispersión trae aparejados se encuentra, en último y dramático extremo, nada menos que la disolución nacional. La decisión que tomaría de modo inminente la Corte Suprema de Justicia en torno de la redolarización de los depósitos bancarios constituye uno de los ejes nodales para definir el futuro de la República. Como resulta lógico en asunto tan crucial, existen intereses tan contrapuestos como atendibles, y corresponde buscar el difícil punto de equilibrio de la balanza.
En primer e ineludible término cabe recordar que los derechos de los ahorristas se vieron avasallados por la pesificación compulsiva de los depósitos. Son bien conocidos los gravísimos perjuicios que ocasionó tan intempestiva resolución, implementada con tanta brusquedad como desprolijidades, a mucha gente que había confiado al sistema financiero los frutos de toda una vida de trabajo. Por el otro lado, se deben anotar los enormes inconvenientes que padecerían los deudores en moneda norteamericana si se produjera la redolarización: el cumplimiento de sus obligaciones se convertiría, para ellos, en una misión virtualmente imposible.
Es que se está haciendo referencia, en este caso, al abrupto desmoronamiento de un modelo económico que duró diez años. Y el concepto clave a aplicar en situación tan crítica debería ser el equitativo reparto de las pérdidas. La sensación predominante es otra: sencillamente, que las víctimas excluyentes del desastre han sido los asalariados -vía inflación- y los ahorristas. En síntesis, que los perdedores han vuelto a ser los mismos, en tanto que aquellos que obtuvieron notorios beneficios durante la década en que reinó la convertibilidad se han anotado de nuevo en la lista de los favorecidos.
Ciertamente que la resolución de fondo deberá adoptarla el pueblo argentino en las urnas: ese será el lugar donde se dirima el rumbo que seguirá el país en el terreno económico. Mientras tanto, y contemplando todos los intereses -pero fundamentalmente el de los damnificados- la Justicia debería dejar de lado, para resolver este dilema, cualquier consideración ajena a sus dominios naturales.