Santiago. - La Justicia chilena procesó ayer a cinco altos cargos de la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet acusados de ser autores del asesinato del ex jefe del ejército, general Carlos Prats, y su esposa Sofía Cuthbert, ocurrido el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires. El juez Alejandro Solís -quien abrió en diciembre el primer juicio por este caso en Chile por orden de la Corte Suprema- demoró sólo tres meses en acusar a los supuestos responsables, abriendo la esperanza de la familia Prats, que aguardó casi 30 años un pronunciamiento de la Justicia chilena. Entre los cinco detenidos se encuentran el general retirado Manuel Contreras -ex jefe de la policía secreta chilena- y su segundo al mando, el también retirado brigadier Pedro Espinoza, quienes fueron condenados por el caso Letelier.
"De las propias declaraciones indagatorias prestadas y otros antecedentes aparecen presunciones fundadas para estimar que tuvieron participación en el delito de asociación ilícita con el doble delito de homicidio calificado de Carlos Prats y Sofía Cuthbert", afirmó el fallo. Los generales retirados Manuel Contreras -ex jefe de la Dina- y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann; el brigadier retirado Pedro Espinoza -segundo al mando de la Dina- y el agente civil Jorge Enrique Iturriaga Neumann fueron procesados por doble homicidio calificado. Por su parte, el brigadier retirado José Zara fue procesado como cómplice.
Contreras y Espinoza fueron encausados como jefes de una asociación ilícita criminal, mientras que los otros tres inculpados como miembros de la misma. Los afectados ya fueron notificados de la resolución y, según se adelantó, serán recluidos en el comando de telecomunicaciones del ejército, con excepción de Jorge Iturriaga, que deberá cumplir su detención en un recinto de gendarmería.
Tanto Contreras como Espinoza estuvieron detenidos en Punta Peuco, un presidio especialmente construido para militares, por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier; mientras que Eduardo Iturriaga Neumann fue condenado a 18 años de prisión en ausencia en Italia por el atentado contra el ex vicepresidente socialista Bernardo Leighton y su esposa.
El asesinato de Prats, antecesor de Pinochet en el mando del ejército chileno bajo el mandato del derrocado Salvador Allende, fue investigado por varios años en Argentina e incluso la Justicia de ese país condenó a cadena perpetua al ex agente Enrique Arancibia como autor del crimen. (ver aparte)
Sin esperanzas de justicia
La investigación de Solís no despertó muchas esperanzas de justicia entre los querellantes y en grupos de derechos humanos debido a la larga lista de crímenes políticos sin resolver durante el gobierno de Pinochet (1973/1990).
El crimen de Prats fue el primer magnicidio perpetrado por la inteligencia chilena en el extranjero, que incluso se atrevió a asesinar al ex canciller Orlando Letelier en el centro de Washington en 1976.
Pesquisas judiciales apuntan a que la bomba que mató a Prats en el barrio porteño de Palermo habría sido detonada por el ex integrante de la Dina, Michael Townley, por orden de Contreras y Espinoza para lo cual habría recibido ayuda de Zara, los hermanos Iturriaga, su esposa Mariana Callejas y de otros agentes. La resolución de Solís fue recibida con serios reparos por la defensa de los ex uniformados que acusan del crimen a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).
Townley actualmente vive en Estados Unidos con una nueva identidad, pues fue beneficiado por el sistema de protección a testigos dado que prestó colaboración en la investigación del asesinato de Letelier en la capital estadounidense. (Reuters, AFP y DPA)