La certeza de la duda

Anibal I. Faccendini (*)

En los últimos días se han producido aumentos en las tarifas del gas y de la electricidad, en un marco social harto conocido de 20 millones de conciudadanos en extrema situación de pobreza, salarios mayoritariamente por debajo de 400 pesos, casi 25 por ciento de desocupación, el poder adquisitivo enervado en un 50 por ciento y con una inflación anual de más del 40 por ciento. Así se podrían enumerar infinidad de hechos y actos jurídicos emanados en forma directa e indirectamente (por acción u omisión) del Estado de la Federación Nacional, que han generado una traslación arbitraria, ilegal e ilegítima de recursos de la sociedad civil hacia los grandes grupos económicos.
Esta transgresión legal se cristaliza, entre otras cuestiones, con los decretos de necesidad y urgencia 120 y 146, el primero modifica la ley 25.561 sancionada por el Congreso de la Nación y el segundo consecuentemente produce el aumento del gas y la electricidad del 7 y el 9 por ciento respectivamente.
Estos decretos son violatorios de normas constitucionales y de leyes en forma contundente y enmudecen el buen criterio y prudencia que debería primar en el Estado. Así, al ciudadano común le han conculcado su propiedad garantizada por el artículo 14 de la Constitución nacional, al quitarle con el aumento, de su patrimonio, recursos sin justificación ni fundamento alguno.
Esta actuación del Estado erosiona el debido proceso (falta de audiencias públicas de los usuarios) y el derecho de defensa (controlar, cuestionar y fundamentar los aumentos) establecido en el artículo 18 de nuestra Carta Magna. Estamos en presencia de una violación serial normativa grosera. El artículo 14 bis de la ley fundamental de los derechos económicos sociales de los trabajadores y los ciudadanos en general ha sido mansillado como así también la ley 24.240 de los usuarios y consumidores.
Las leyes creadoras del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ley 24.065) y del Ente Nacional Regulador del Gas Nº 24.076 (Enargás) han sido fácticamente derogadas; en el plexo de la materialidad no funcionan. La finalidad de estos entes es proteger a los usuarios para compensar el poder que tienen los prestadores privados de los servicios públicos, en el plano de la realidad, esta directriz ha sido destruida y burlada, perjudicando al ciudadano.
El riesgo de estas concesionarias en nuestro país se ha transformado en la ajenidad del riesgo empresario, esto es, socializan las pérdidas en la sociedad civil y privatizan las ganancias en sus arcas. Cuando pierden o podrían correr un riesgo recurren al Estado, para que éste traslade dicho riesgo o pérdida al ciudadano común. Por ejemplo, el aumento de las tarifas donde el único riesgo que existiría es el riesgo ciudadano. Lo azaroso, lo aleatorio define en la economía libre a las empresas, en nuestro país lo riesgoso de las concesionarias privadas ha sido estatizado, manteniéndose en sus manos las ganancias.
Esta dualidad perversa es repudiada por nuestra Carta Magna; así, el artículo 16 establece la igualdad ante la ley, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades e igualdad de ciudadanía.
El Estado, al proteger a las privatizadas de los servicios públicos y al desamparar y conculcar la propiedad de los ciudadanos, está produciendo una feudalización de las relaciones jurídicas, por ende la ausencia de normas legales claras e inequívocas que establezcan las reglas de funcionamiento social bajo el el sol de la igualdad ante la ley (el respeto de la propiedad de todos y no sólo de algunos), traerá aparejado un Estado divorciado del derecho.
La feudalización estatal genera como única seguridad la incertidumbre y en consecuencia la desconfianza y el descrédito, que terminan contaminando el cuerpo social. Si bien la duda fue y es una impulsora básica e importante de un análisis autónomo, crítico y libre, no deja de llamar la atención que estos aumentos de precios generen como único producto la certeza de la duda de su valor y de su fundamento.
La ruptura con la feudalización, se logra con el cumplimiento de la ley y la ejemplaridad, no hay creencia, no hay confianza si no hay hechos que hagan recuperar la certeza de las cosas y que la duda sea de la razón.
(*)Abogado, mediador, presidente de la Asamblea por los Derechos Sociales (ADS)