El caso de una niña nicaragüense de nueve años, violada hace 15 semanas cuando vivía en una plantación agrícola de Costa Rica, acaparó en los últimos días la atención de Nicaragua, donde organizaciones feministas, la Iglesia Católica y el ministerio de Salud se encuentran enfrentados por su futuro.
La niña fue presuntamente violada por un joven de 20 años, hijo del dueño de una finca cafetalera en Turrialba, 64 kilómetros al este de San José, donde laboraban sus padres, dos campesinos nicaragüenses que se fueron a trabajar a Costa Rica para huir de la pobreza de su país.
Los padres se dieron cuenta de que su hija había sido ultrajada un mes después, cuando acudieron a un hospital y se percataron que además de embarazada, la niña padecía enfermedades de transmisión sexual.
La niña retornó a Nicaragua la semana pasada con tres meses de embarazo, con el apoyo de la organización Red de Mujeres contra la Violencia y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y de la Niñez de Nicaragua, para gestionar ante el ministerio de Salud (Minsa) la interrupción del embarazo con un aborto terapéutico.
"Por todo lo que ha sufrido nuestra hija, pedimos a nuestro gobierno que nos ayuden a salir de esta situación porque la niña nos ha dicho que ella no quiere morir", demandaron los padres en una carta al presidente Enrique Bolaños.
En Nicaragua la pequeña fue sometida a una junta médica en un hospital capitalino, que ayer determinó que su vida corre peligro de muerte si se interrumpe o si se prosigue con el embarazo, por lo que pidieron al Minsa que resuelva el camino que se debe escoger.
Los funcionarios no deciden
No obstante, las autoridades del Minsa se han negado a dar su resolución, dejando entrever en declaraciones de algunos de sus funcionarios que la niña debe continuar con el embarazo, pese a que los padres piden que se proceda al aborto para preservar su vida. La petición dio inicio a una polémica entre las organizaciones feministas que abogan por el aborto y la Iglesia Católica que condenó la interrupción del embarazo, mediante una declaración pública en la que llama a los médicos a defender la vida de la madre y del feto.
La Iglesia insto además a "los fieles católicos a apoyar moral, espiritual y materialmente a la familia en estos críticos momentos" para impedir el aborto.
La presidenta de la Red de Mujeres, Violeta Delgado, reprochó la posición de la Iglesia, a la que responsabilizó de lo que le suceda a la niña, quien fue rechazada de un hospital capitalino, donde pretendía ser ingresada tras presentar dolores y vómitos, según su versión.
"Existe un mandato de la ministra de la Salud que prohíbe que esa niña ingrese a cualquier hospital de Nicaragua, nosotros pedimos que se suspenda ese mandado porque los padres quieren" que la niña sea intervenida en el país, denunció ayer la directora de la ONG Coordinadora de la Niñez y la Adolescencia (Copenis), Luisa Molina.
El obispo auxiliar de Managua Jorge Solórzano pidió ayer a los padres que desistan del aborto, alegando que si los padres no quieren el niño, la Iglesia lo criará en un convento ubicado en las afueras de la capital nicaragüense.
El presidente Enrique Bolaños por su parte dijo que la vida de la niña estaba en manos de los médicos y se abstuvo de pronunciarse a favor o en contra del aborto.
Los padres recurren a la ayuda exterior
Los padres de la menor advirtieron que si en Nicaragua le cierran las puertas, recurrirán a la ayuda ofrecida por centros médicos de Estados Unidos, España, Cuba, Italia y Holanda, entre otros.
Según fuentes no confirmadas, la niña estaría saliendo hacia Cuba hoy. Se aseguró que los padres insistieron en que la chica salga del país, presuntamente hacia Cuba, para ser atendida y sometida a un aborto. "Es nuestra única hija y la queremos viva", dijo el padre.
Los médicos nicaragüenses que examinaron a la menor advirtieron que si se prosigue con el embarazo, la niña puede presentar complicaciones de hipertensión, anemia y un parto prematuro que no garantiza la vida del bebé.
Señalaron además que si se interrumpe con un aborto terapéutico corre el riesgo de sufrir problemas infecciosos, perforación uterina y riesgos anestésicos, y que ninguna de las dos alternativas garantizan su vida. (AFP)
La Ciudad
