El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, solicitó ayer al Ministerio de Economía informes acerca de la existencia de un anexo de la Carta de Intención que el gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que tendría "carácter reservado". En el pedido, el ombudsman requirió al Palacio de Hacienda que le remita una copia del documento en caso de que dicho anexo exista. La intervención del funcionario responde al requerimiento realizado por la Asociación Civil por los Derechos y Garantías Constitucionales y asociaciones de consumidores. En su reclamo, las entidades sostienen que "mantener el anexo a la carta de intención en secreto es violatorio del principio general de publicidad de los actos de gobierno, de la ley de ética pública y de la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción". Por otra parte, ayer se conoció el pedido de los fiscales federales Eduardo Freiler y Federico Delgado al juez federal Sergio Torres para que se abra un sumario para determinar si el presidente Eduardo Duhalde y otros miembros del gabinete nacional cometieron algún delito al firmar en enero el acuerdo con el FMI para postergar los vencimientos de la deuda externa que operan hasta octubre.
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