El ex presidente Fernando de la Rúa será indagado el 27 de febrero próximo por presuntas irregularidades en la licitación de la autopista Arturo Illia durante su gestión al frente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La diligencia fue ordenada por el juez de instrucción Mariano Bergés, quien tramita una causa en la que el ex Jefe del Estado está acusado de presunta defraudación a la administración pública, malversación, asociación ilícita e incumplimiento de sus deberes.
También serán citados a indagatoria el ex secretario de Hacienda porteño Eduardo Delle Ville; el ex procurador de la Ciudad Ernesto Marcer y el ex secretario de Obras Públicas (luego ministro del gabinete nacional) Nicolás Gallo.
Además, el magistrado tomará declaraciones como presuntos imputados a los responsables de la empresa Covimet, que resultó beneficiaria de la licitación para la construcción de esa autopista.
La causa se inició por una denuncia contra Covimet, empresa que habría accedido a avales bancarios por valor de unos 14 millones de pesos, ofreciendo como reaseguro los importes que percibiría por el cobro de peaje en la autopista.
Esa modalidad fue cuestionada en Tribunales en una causa que pasó por varios magistrados luego del ascenso a camarista de Nelson Jarazo, primer juez que tuvo a su cargo el expediente. Tras la actuación de varios subrogantes y el paso por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal, el expediente volvió al juzgado de origen, que en la actualidad subroga Bergés, quien citó al ex presidente para el jueves.
El 15 de marzo de 2002 el fiscal Alejandro Molina Pico insistió con la necesidad de que se indague a De la Rúa, tal como lo hizo varios meses antes. El dictamen mereció el rechazo de Gallo, quien pidió su remoción. El fiscal obtuvo entonces el respaldo del procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, quien rechazó el planteo del ex funcionario, tras lo cual Molina Pico insistió en la necesidad de escuchar como imputado a De la Rúa.
"De la lectura del dictamen aquí cuestionado surge que, más allá de las naturales discrepancias que su contenido puede merecer a quienes allí son indicados como responsables, cuenta con fundamentos suficientes para el grado de avance de investigación cumplida hasta ese momento, sobre la base de un detallado análisis de los elementos incorporados a la causa", sostuvo Becerra.
Para el procurador, el pedido de indagatoria formulado por Molina Pico "efectúa un relato de los hechos por los cuales deben ser interrogadas jurisdiccionalmente las personas allí mencionadas y su alcance jurídico".
El dictamen del fiscal, agregó Becerra, "no posibilita afirmar un ejercicio irrazonable o arbitrario de la acción penal pública, pues cuenta con suficientes citas documentales que le otorgan un adecuado sustento".
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La Ciudad
